La Fiscalía ya archivó en 2010 el caso del enfermo mental cuya familia pide a Salud 106.000 euros

La Fiscalía de Sevilla archivó en octubre de 2010 el caso del joven de 27 años de edad, enfermo mental, que falleció el 22 de junio del año pasado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y cuyos padres han solicitado ahora a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía una indemnización de 106.556 euros al considerar que la muerte de su hijo se debió a un supuesto "error médico, pues los medicamentos que se le suministraron no fueron los adecuados, ni la dosis tampoco".

La Fiscalía de Sevilla archivó en octubre de 2010 el caso del joven de 27 años de edad, enfermo mental, que falleció el 22 de junio del año pasado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y cuyos padres han solicitado ahora a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía una indemnización de 106.556 euros al considerar que la muerte de su hijo se debió a un supuesto "error médico, pues los medicamentos que se le suministraron no fueron los adecuados, ni la dosis tampoco".

En este sentido, fuentes del departamento de María Jesús Montero han informado a Europa Press de que el Ministerio Público decidió archivar este caso el pasado día 5 de octubre de 2010, todo ello tras analizarse los resultados de la necropsia judicial y no considerar que hubiera algún tipo de responsabilidad o elemento imputable.

En el documento elevado ante la Consejería de Salud, los familiares del joven fallecido explican que el mismo ingresó en Urgencias de Psiquiatría del Hospital Virgen Macarena el día 18 de julio y que, desde aquel momento, "hubo falta de vigilancia o control al paciente, ya que en el estado en que entraba era aconsejable una actuación más cuidadosa".

Según argumenta la familia, el informe del médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal, de fecha de 23 de junio de 2010, señala como causa posible de la muerte un "edema agudo pulmonar" que la posterior ampliación del informe de la autopsia confirma que se debió "a una reacción adversa a psicofármacos (neurolépticos y ansiolíticos), que actuaron de forma sinérgica por un mecanismo de depresión respiratoria de tipo central o bien por una arritmia ventricular maligna que es un típico efecto cardiovascular de los neurolépticos".

Por todo ello, la familia considera que es "responsabilidad" de la Administración sanitaria esta "errónea administración de los fármacos", ya que, "en caso de haberse administrado adecuadamente, el paciente probablemente habría salvado la vida o, cuando menos, habría gozado de mayores posibilidades para ello".

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