Según explicó Martínez Pujalte, la nueva normativa, convalidada por el Parlamento el 23 de marzo, establece medidas retroactivas y supone "un cambio de las reglas a mitad de partido". Asimismo, el PP ha criticado el Real-Decreto Ley porque, en su opinión, va en contra del mercado único europeo y tiene como único objetivo frenar la opa presentada por E.ON sobre Endesa, que compite con la oferta previa de Gas Natural.

Con la nueva normativa la CNE debe autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10 por ciento de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa".

El organismo regulador podrá denegar la autorización o establecer condiciones si existen "riegos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el "interés general" y deberá velar especialmente por los activos considerados estratégicos, los que afectan a la seguridad del suministro.

El ministro de Industria, José Montilla, explicó durante el debate parlamentario el día de la convalidación de la norma que la ampliación de las competencias de la CNE era necesaria por la "insuficiencia" de la legislación vigente, ya que hasta ahora sólo podía analizar las operaciones de concentración cuando la empresa compradora desarrollaba actividades reguladas.