La Unión de Acreedores de Contsa —empresa declarada en suspensión de pagos—, que representa a una gran mayoría de la masa de acreedores afectados por el concurso de la mercantil empresa, considera que la administración concursal tiene "intereses ocultos" en la liquidación de inmobiliaria en concurso, así como ve necesario "pedir responsabilidades profesionales y patrimoniales a los administradores concursales por la nefasta gestión de la sociedad en concurso".

En un comunicado, han expresado que, de ser cierta la intención del propietario de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, de que "la sociedad se ha dejado de gestionar para favorecer su liquidación y el cobro de las minutas profesionales de estos administradores, que al parecer alcanzan los 30.000 euros mensuales", la sociedad Unión de Acreedores de Contsa S.A, en representación de los acreedores del concurso, "no descarta iniciar las acciones judiciales necesarias para reclamar a los administradores por su inconsistente gestión".

Igualmente, Unión de Acreedores de Contsa señala que "en ningún caso, de aprobarse el convenio de acreedores presentado, la administración de la empresa volvería a recaer en manos del Salas Burzón, ya que el mismo convenio prevé la figura de una comisión gestora, formada por los acreedores que sería la encargada de hacer cumplir el convenio propuesto".

Por ello, los acreedores hacen un llamamiento a todos los acreedores que aún no han pasado por la sede judicial a ratificar el convenio, para que antes del día 29 de junio, fecha que finaliza el plazo habilitado por el juzgado, procedan a formalizar sus adhesiones, ya que en caso contrario, "las posibilidades reales de conseguir recuperar las inversiones realizadas serían muy remotas, procediéndose a la implacable liquidación que vienen proponiendo desde un inicio los administradores concursales con unos fines más que cuestionables".

Los acreedores de Contsa apuntan que tienen "la completa certeza de que de conseguirse el número suficiente de adhesiones al convenio, no habrá motivación legal alguna para su inadmisión por parte del Juzgado, ya que la viabilidad de la empresa es real, y únicamente intereses poco claros de la administración concursal, que pretende impugnar abiertamente dicha aprobación, frenarían la posibilidad de recobro del 50 por ciento de la inversión en los próximos cinco años, tal como prevé el convenio".