Doce miembros de la familia Botín, entre ellos Emilio Botín y su hija Ana Patricia, serán investigados por la Audiencia Nacional por presunta evasión fiscal. Los Botín habrían tenido oculto, sin tributar, dinero en un paraíso fiscal, Suiza. Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. Pero los Botín no están solos.

Ellos forman parte de una lista de 659 españoles, la mitad de los cuales, aproximadamente, a instancias de la Agencia Tributaria, regularizaron su situación sin problemas. El caso del HSBC no es tampoco único, cada año un número indeterminado de grandes fortunas invierten su dinero fuera, en los llamados paraísos fiscales.

Por paraíso fiscal se entiende un país donde prima la opacidad de los datos financieros y la baja tributación. En un paraíso fiscal se puede, por ejemplo, abrir una cuenta de la que se desconozcan los datos del titular, y en ellos proliferan los trusts y las fiduciarias, que son figuras creadas para gestionar grandes patrimonios manteniendo el anonimato del titular de los bienes.

Por proximidad geográfica, los paraísos más usados son Andorra, utilizado sobre todo  por las grandes fortunas o empresas catalanas, y Gibraltar, donde residen 'oficialmente' la mayoría de los dueños de villas de lujo del Costa del Sol. Aunque no son extraños destinos más exóticos, como las Islas Caimán, la isla de Jersey o incluso Panamá, como se desprende de las investigaciones del 'caso Gürtel'.

Es imposible dar una cifra. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha estima que la evasión fiscal anual en España supone unos 88.000 millones de euros y el volumen de la economía sumergida es del 23,3% del PIB, unos 245.000 millones de euros.

No existe una lista oficial de paraísos fiscales, porque cada país tiende a elaborar la suya propia, aunque habitualmente se toma como referencia la que elabora la OCDE y que cambia de año en año, dependiendo de si mejora la colaboración con los mencionados paraísos. La OCDE tenía en 2009 una lista negra y gris con 43 países fiscalmente opacos. En ella figuraban, además de Andorra y Gibraltar, destinos tan exóticos como las Islas Caimán, las Antillas Holandesas, Samoa o las Islas Marshall. En la actualidad ninguno estaría en la lista negra y solo 17 estarían en la lista gris, es decir, se han comprometido a adoptar las normas de transparencia y de intercambio de informaciones fiscales, aunque todavía no lo hayan hecho.En los otros casos lo que ha sucedido es que se han firmado acuerdos de colaboración por los que, en caso de que un país haya abierto una investigación fiscal o administrativa sobre un individuo o una empresa y existan indicios de delito, el 'paraíso' firmante del acuerdo se compromete a proporcionar la información requerida. Al mismo tiempo a la persona investigada se le da la oportunidad de presentar sus alegaciones correspondientes.

Al no ser convenios, que es un tratado de mayor rango, la información no fluye automáticamente y solo se proporcionan datos cuando existen indicios de delito y cuando existe una investigación fiscal abierta en el país que demanda la información. Esto no permite, por ejemplo, la fishing investigation, que es como se denomina a las investigaciones que se inician basándose en sospechas.

Suiza ya no es 'oficialmente' un paraíso fiscal, aunque sí es un país que mantiene unas condiciones fiscales y bancarias especiales. Por ejemplo, en Suiza la evasión fiscal no es un delito; pero sí lo es la revelación de secretos bancarios. Los nombres de los titulares de las cuentas del HSBC fueron obtenidos gracias a la filtración de uno de sus exempleados, por lo que, para Suiza, se obtuvieron ilícitamente, lo que invalidaría cualquier proceso judicial. En España la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse sobre la validez de las pruebas, que llegaron a España gracias a las autoridades francesas, pero la pista sobre lo que puede suceder la dará el juez Santiago Pedraz cuando se pronuncie sobre otro caso idéntico, el del robo de los datos de los clientes del banco LGT de Liechtenstein.

Tener dinero en un paraíso fiscal no es delito, pero sí lo es no tributar por él. Cuando se presenta la Declaración de la Renta, existe un apartado en el que se deben declarar los ingresos obtenidos en el exterior. Si se quiere actuar con legalidad, se declaran estos ingresos, que a su vez habrán tributado en el país donde estén y, gracias al Convenio para evitar la doble imposición internacional, lo pagado en el exterior se descuenta en España. Quienes tienen dinero en los paraísos fiscales, donde la tributación es simbólica, ocultan la existencia de estas cuentas.

Para que exista delito fiscal las cantidades no ingresadas a Hacienda deben superar los 120.000 euros y conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa, que varía en función de lo no declarado y de las circunstancias que rodeen al fraude, pero que podría ser de hasta seis veces la cantidad defraudada.

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, critican "el trato de favor" que ha recibido la familia Botín, "porque existían indicios importantes de delito fiscal"; pero también el resto de los implicados. A todos, la Agencia Tributaria, en lugar de abrirles una inspección, en junio de 2010 se les remitió una carta invitándoles a regularizar sus pagos presentando una declaraciones complementarias. Estas declaraciones tienen consideración de 'voluntarias' por los que no conllevan ningún tipo de sanción, mientras que cualquier persona que 'se olvida' de declarar la beca que ha recibido un hijo o el pago de una conferencia, por ejemplo, recibe la correspondiente carta de Hacienda y una multa que va del 50 al 150% de la cantidad no declarada.