La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, ha asegurado este jueves que su formación "tiende la mano" al Gobierno andaluz para buscar una "salida jurídica y funcional" en relación a la gestión del Guadalquivir, tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular el decreto que entregaba a la Administración andaluza las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir. Si bien, ha insistido en que no valen "más parches", sino soluciones definitivas.

En rueda de prensa, Corredera ha considerado el fallo del Supremo como un "varapalo" y una "nueva enmienda a la totalidad" a la política de agua llevada a cabo por el Gobierno andaluz, añadiendo que lo que más le preocupa a su formación son "las consecuencias para ciudadanos y funcionarios y la incertidumbre en la que se encuentran en estos momentos".

Tras asegurar que la inversiones y la política de agua en Andalucía están "paralizadas", la dirigente 'popular' ha destacado que éstas son fundamentales no sólo para los ciudadanos, sino también para la economía andaluza, en relación a la agricultura. "La política de agua no es que esté pendiente de un hilo, sino que no existe en estos momentos", ha añadido.

En esta línea, ha considerado que el problema no es de quien sean las competencias, sino de la "mala gestión" de la política de agua. Según ha apuntado, el PP andaluz defiende la unidad de cuenca, la seguridad de los trabajadores y que se garanticen las inversiones.

"Hay ayudas europeas por valor de 500 millones de euros que están en riesgo por esta pésima gestión de la política de agua, 769 trabajadores con una gran incertidumbre y 650.000 hectáreas y 53 embalses que esperan una solución", ha concluido la vicesecretaria de Organización del PP-A.