El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha urgido al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía a que, a través de la Comisión Bilateral Junta-Estado, encuentren una solución definitiva a la gestión de las competencias del Guadalquivir, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y el último pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS), que anula el decreto de traspaso.

En declaraciones a Europa Press, Valderas ha indicado que la decisión del Tribunal Supremo viene a ratificar lo que ya dijo el Constitucional, puesto que "no hay nada nuevo". "Lo que urge, lógicamente, es que la Comisión Bilateral termine cuanto antes de elaborar una nueva propuesta con fórmulas oportunas y convenientes en el marco de la delegación de competencias", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que su formación seguirá defendiendo "coherentemente" que el río Guadalquivir sea gestionado desde la comunidad autónoma. "Si bien es cierto que el Constitucional ha cerrado la posibilidad de competencia exclusiva, hay otro marco desde el punto de vista constitucional y legal que es un marco amplio de delegación de competencias a Andalucía", ha apostillado.

En esta línea, el líder de IULV-CA ha destacado que tras los pronunciamientos judiciales "no ha variado ni un ápice el hecho de que el 93 por ciento del Guadalquivir es andaluz, por más que diga el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo".

La decisión del supremo

La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, merced a la sentencia previa del Tribunal Constitucional, ha estimado un recurso promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el decreto de transferencias 1666/2008 que entregaba a la Administración andaluza las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir y, a tal efecto, ha anulado dicho acto administrativo.

Este nuevo fallo, notificado ya al Gobierno andaluz, no afecta sin embargo a la encomienda transitoria de gestión acordada entre los ejecutivos central y andaluz durante un periodo de seis meses, toda vez que ambas administraciones mantienen una comisión bilateral al objeto de encontrar una "fórmula jurídica" que solucione el caso.