La responsable de Servicios de Empresa cree que "podrían incidir en la libertad de establecimiento en el ejercicio de sus servicios" La Comisión pide información a España porque "es posible justificar este tipo de regímenes" por el "interés general"

La Comisión Europea ha señalado este miércoles, en el seno de su Comisión de Peticiones, que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa de la Comisión Europea, ha señalado durante el debate celebrado en Bruselas (Bélgica) que estos cobros pueden ser "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la UE que consagra el principio de libertad de empresa, pero también ha advertido de que "es posible justificar este tipo de regímenes si obedecen al interés general y son proporcionales".

y ha insistido en que está a la espera de que el Gobierno español justifique "el interés general y proporcionalidad" de este régimen, exclusivamente aplicado a los mayoristas de pescado, al considerar que es "susceptible de ser incompatible" con el artículo 49 del Tratado de la UE que consagra el principio de libertad de empresa.

"El coste de los servicios prestados podría tener un efecto disuasorio sobre los mayoristas. No podemos excluir que este tipo de restricciones incidan negativamente en la libertad de establecimiento. Sin embargo, les remito a la jurisprudencia existente. Es posible justificar este tipo de regímenes si obedecen al interés general y son proporcionales", ha explicado Laetitia Lecesne, una responsable de Servicios de Empresa de la Comisión Europea durante una comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que este miércoles ha debatido la petición de la asociación de mayoristas de pescado 'El Barranco' en contra del supuesto "monopolio" que ejerce Mercasevilla.

Los mayoristas denuncian un sistema "discriminatorio"

En representación de la asociación de mayoristas de pescado 'El Barranco', José Ramón Rodríguez Fajó, letrado de la organización, ha denunciado que el Ayuntamiento hispalense, como socio mayoritario de Mercasevilla, impone desde hace 25 años "servicios obligatorios" a los mayoristas de pescado con el 3,6 por ciento de las ventas diarias, un sistema "único" en España y en Europa que "no se le aplica a los mercados de fruta o carne" en el mismo mercado.

Rodríguez Fajó ha denunciado que el consistorio les impide llevar a cabo actividades fundamentales como el transporte interior en zonas de venta, emitir sus propias facturas, cobrar al contado o contratar a sus propios empleados y ha recordado que tanto el Tribunal de Defensa de la Competencia español y, posteriormente, la Audiencia Nacional han emitido sendas resoluciones en 2002 en contra de estos cánones porque suponen "un freno a la expansión del mercado de pescado" y, además, estos servicios obligatorios repercuten en "perjuicio para los consumidores" al traducirse en un aumento en los precios de venta. "Estas sentencias no han sido cumplidas", ha lamentado el peticionario, que ha reclamado el fin del "último reducto de dictadura" que ejerce Mercasevilla porque el actual sistema "intervencionista" y "discriminatorio".

Defensa de la "libertad de empresa"

El abogado de los mayoristas ha insistido en que el Ayuntamiento de Sevilla incumple principios consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho de "libertad de empresa" y en que el sistema actual es "incompatible" con "la libertad de establecimiento". "Hay que acabar con este régimen dictatorial", ha insistido.

El abogado Joaquín Moeckel, que también representa los intereses de este colectivo de empresarios, ha insistido por su parte en que no reclaman solo "que les quiten unos cánones", pues denuncian "alto y claro" que "un empresario en Sevilla no tiene libertad de establecimiento", toda vez que el régimen aplicado a los mayoristas de pescado "no se impone" al resto de operadores alimentarios en Mercasevilla. "Pedimos libertad para llevar a cabo los servicios", ha insistido.

Moeckel Gil ha incidido en que el actual sistema pone en peligro "puestos de trabajo" y ha criticado que el Ayuntamiento de Sevilla haya utilizado las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Audiencia Nacional como "pretexto para tramitar un expediente de regulación de empleo" y no derogara los cánones en cumplimiento de ambas. "El ERE siguió hacia delante y la sentencia no fue cumplida", ha lamentado.

"eran conscientes",

Dice el comité de empresa

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha dejado claro por su parte que los mayoristas de pescado "eran conscientes" de las condiciones que aceptaron "voluntariamente" al beneficiarse de las concesiones de licencia de Mercasevilla, que no vencen hasta el 25 de julio de 2021. Ha recordado que los mayoristas están sujetos a un régimen de "prestación como servicio público" y ha recalcado que el gremio tiene "total libertad" para marcar los precios de venta y que éstos, a pesar de tener "menor volumen de venta", garantizan "el producto más barato" en beneficio del consumidor.

Domínguez, que ha adelantado la intención del comité de empresa de Mercasevilla de presentar una petición propia ante la Eurocámara en defensa del modelo actual y la defensa del carácter público de la lonja, ha justificado "la tasa en forma de porcentaje sobre el precio de venta" teniendo en cuenta aspectos como el hecho de que en caso de que el producto no se venda, "Mercasevilla no percibe nada por los servicios que ha prestado" y ha insistido en que el sistema actual beneficia la lucha contra "el fraude fiscal" empresarial.

El presidente del comité de empresa ha insistido en que sin el actual modelo, "muchas empresas habrían desaparecido, concentrándose la actividad en unos pocos operadores", que este modelo garantiza el "abastecimiento seguro y de calidad", subrayando también la "importancia de la trazabilidad" de los productos tras el reciente brote de la bacteria intestinal 'E.coli' y criticando que los mayoristas "pretenden eliminar los controles fiscales y monopolizar el sector en pocos operadores".

La representante del Ejecutivo comunitario Laetitia Lecesne, de su lado, ha reconocido que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" a los mayoristas puede ser "susceptible de ser incompatible" con el artículo 49 del Tratado de la UE relativo a la libertad de establecimiento, al insistir en que servicios obligatorios de transporte y facturación entre otros "podrían incidir en la libertad de establecimiento en el ejercicio de sus servicios".

La comisión a la espera de la respuesta de españa

Aunque Bruselas "no está en condiciones de pronunciarse" sobre la compatibilidad del régimen de gravámenes aplicados a los mayoristas de pescado en Mercasevilla con las normas de competencia europeas, Lecesne ha recordado que el Ejecutivo comunitario está a la espera de que el Gobierno español responda a la carta que le envió a principio de mes para conocer "cuáles son los motivos que justifican este régimen" y no otro "no obligatorio" y "no exclusivo" a los mayoristas de pescado. Una vez recibida "esta respuesta", analizará "la proporcionalidad" del sistema antes de determinar cómo proceder con la petición.

Fuentes del Ejecutivo comunitario han avanzado que esperan que el Gobierno español remita su respuesta a finales de mes de julio. La Comisión de Peticiones ha acordado este miércoles mantener abierta la petición a la espera de conocer la opinión final de la Comisión Europea sobre el caso y de la respuesta de qué ofrezcan las autoridades españolas para justificar el régimen actual y volverá a analizar el caso en una fecha posterior, aún por determinar.