La provincia de Málaga cuenta en la actualidad con un total de 93.418 autónomos acogidos al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, los cuales representan un 18,28 por ciento del total de empleados afiliados a la Seguridad Social.

El mayor número de estos trabajadores, 27.923 en total, desarrolla una actividad relacionada con el comercio y la reparación de vehículos, seguidos de los autónomos de la hostelería, que son 12.761. Al sector de la construcción pertenecen otros 11.022; al transporte y almacenamiento, 5.445, y a la agricultura, 2.534.

Así lo han explicado este lunes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Javier de Santiago, y el vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz.

Igualmente, han informado de que el próximo 30 de junio finaliza el plazo para que los autónomos en alta soliciten elevar su base de cotización, lo que les proporcionará mayor protección social, de acuerdo con la Ley 39/2010 de 22 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. En la actualidad, de los 93.418 autónomos, 79.845 cotizan por la base mínima, lo que representa un 84,5 por ciento.

Del mismo modo, hasta esta fecha también podrán solicitan la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, lo que incluirá además la protección por cese de actividad, recogido en la Ley 32/ 2010, de 5 de agosto, protección con la cual el Gobierno central "atiende una demanda histórica de los trabajadores autónomos y de sus asociaciones representativas", según ha manifestado López Luna.

Protección por cese de actividad

Esta nueva protección se enmarca dentro de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para equiparar los derechos de los autónomos con los de los trabajadores por cuenta ajena del sistema general, que se iniciaron en 2007 con la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo (Ley 20/2007 de 11 de julio) y que culmina con la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

Este sistema incluye una prestación económica, que se abonará por la mutua o entidad gestora correspondiente (SPEE o ISM), así como el abono de la cotización de seguridad social del trabajador autónomo y medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los beneficiarios.

La prestación económica por cese de actividad se obtendrá aplicando el 70 por ciento del promedio de las bases por las que hubiere cotizado el trabajador autónomo durante los 12 meses continuados y anteriores al cese. En ningún caso dicha prestación será inferior a 850,5 euros.

Para alcanzar esta prestación es necesario cotizar un 2,2 por ciento sobre la base de cotización, que se recauda por la Tesorería General de la Seguridad Social. Así, la duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores al cese.