La Federación de Enseñanza de CCOO de Baleares ha pedido que se endurezca la prohibición de financiar los centros escolares que segreguen a sus alumnos por sexo, una medida que en opinión del sindicato no ayuda a avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.

Así lo ha exigido el sindicato en un comunicado, después de la publicación del proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, en el que se especifica que no se tiene que "premiar" con dinero público a los centros educativos que practican la separación de niños y niñas.

La actual Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 marca en el artículo 84.3 que "en ningún caso" habrá discriminación por sexo. Por otro lado, en la disposición adicional 25 de la Ley orgánica se establece que las escuelas mixtas "serán objeto de atención preferente y prioritaria".

Por otra parte, en contra de lo que estipula el artículo 14 de la Constitución, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (1985) no incluyó el sexo como causa de no discriminación en relación con el acceso del alumnado a los centros educativos "por miedo a algunos sectores de la iglesia y la derecha", han apuntado desde el sindicato.

Asimismo, CCOO ha señalado que en quince autonomías hay centros y aulas que mantienen el alumnado separado por razón de sexo. La mayoría de estos centros están concertados en Cataluña, Madrid, Andalucía, Euskadi, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León.

El sindicato ha puntualizado que, aunque las escuelas que segregan sólo representan el 0,85% del total de centros del sistema educativo, "obviamente escolarizar en aulas separadas en función del sexo vulnera la normativa vigente en materia de admisión de alumnos, así como los principios y fines que inspiran el sistema educativo español".

La Federación de enseñanza de CCOO viene defendiendo la coeducación como vía para llegar a la educación en igualdad, y la necesidad de la escuela mixta para poder avanzar en este modelo educativo.

CCOO ha subrayado que aunque lleva "décadas" denunciando ante los tribunales que se financie con dinero público a los centros que segregan por razón de sexo, la Justicia ha desestimado los recursos presentados por considerar que el sindicato no estaba legitimado para denunciar los hechos.