La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha advertido este año a las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de la comunidad de que no pueden gestionar directamente los cheques-libros ni tampoco obtener ningún tipo de "beneficio" derivado de los mismos.

Así, en las instrucciones que la Dirección General de Participación e Innovación ha enviado a los centros escolares para explicar cómo deben organizar el programa de gratuidad de los libros de texto de cara al próximo curso 2011-2012, la Administración educativa recuerda que "no está permitida la gestión de los cheques-libros por parte de Ampas, asociaciones o los propios centros educativos que puedan obtener beneficios derivados de esta gestión destinados a un gasto no distinto al programa de gratuidad de libros".

Además, insta a los servicios de Inspección de cada provincia a "requerir la información necesaria de los centros educativos para evitar malas prácticas en este sentido" y asegura que "se pondrá especial atención a que las ofertas comerciales o beneficios en la utilización de los Cheque-Libros repercuta directa y exclusivamente en el centro educativo".

Según han explicado a fuentes de la Administración educativa, este tipo de advertencias ya se "habían contemplado, aunque quizás no con la misma redacción" en las instrucciones de cursos pasados; pero, a diferencia de las enviadas en 2010 a los colegios e institutos andaluces, según ha cotejado Europa Press, es la primera vez que la Consejería hace esta advertencia de forma directa a las Ampas.

La Federación Andaluza de Libreros (FAL) ha celebrado especialmente esta llamada de atención al considerar que "siempre es positivo" que se luche contra la "práctica fraudulenta" de que las Ampas, sobre todo las de los centros concertados o privados, "vendan libros de texto o material escolar". Sin embargo, el presidente de la FAL, Juan Manuel Cruz, ha señalado a Europa Press que cree que "estas palabras van a servir de poco porque, en verdad, la Consejería nunca ha tenido la intención de acabar con estas prácticas".

En su opinión, el gran problema es que "hay sectores que están empezando a ver un negocio casi limpio". Se refiere Cruz al hecho de que ciertos centros concertados, "a nivel de orden religiosa, están negociando directamente con las editoriales la compra de todos los libros de texto y material escolar". "Esto incurre el filo de la legalidad porque no lo compran para vendérselo a los alumnos, sino que después cobran una cantidad 'x' a las familias, que nunca se sabe a qué corresponde, y luego, claro, como se supone que lo que están haciendo no es una venta, pues ni declaracn impuestos sobre el beneficio ni repercuten los bienes ni nada", explica.

Contra ello, la FAL está pensando emprender acciones legales por la vía mercantil. En estos momentos, los libreros asociados a la federación están recogiendo todas las pruebas que pueden para demostrar la existencia de estas prácticas en los colegios e institutos de la comunidad y buscando el apoyo de la Federación nacional antes de acudir a los tribunales.

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