Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la mujer, de 47 años de edad y que resultó herida junto a otro ciudadano latinoamericano, falleció hace varias semanas en el centro hospitalario donde se encontraba ingresada desde el día de los hechos, lo que ha motivado que el juez instructor cite el próximo día 27 de junio al empresario imputado, P.R.L., al objeto de "revisar su situación", ya que, tras ingresar en prisión, fue puesto en libertad bajo fianza de 6.000 euros.

Las mismas fuentes han indicado que, dentro de este procedimiento, el juez instructor ha imputado también al jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Parques y Jardines, Alejandro R.G.; a la jefa de Servicio Administrativo, María J.M., y a un técnico de la Delegación, identificado como J.M.R., quienes, en su declaración, explicaron que, "a diferencia de años anteriores, cuando el servicio de recogida de naranjas se hacía mediante contratos, este año se dieron licencias a aquellos ciudadanos particulares que lo requirieron", así como que ellos "no eran competentes para comprobar la solvencia técnica ni para hacer averiguaciones en el sentido de si el empresario tenía a los trabajadores dados de alta".

Conviene recordar que los hechos sucedieron el día 10 de febrero, cuando dos trabajadores resultaron heridos cuando se encontraban realizando la recogida de la naranja de los árboles de la capital hispalense. La mujer herida trabajaba sin contrato para el empresario, al que se le imputan sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y de imprudencia grave.

El abogado del imputado ya señaló a Europa Press que su defendido "fue autorizado a la recogida de naranjas por la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento, como particular, para lo cual se auxilió de varias personas, entre los que se encontraban los accidentados", añadiendo que, según declaraciones judiciales de responsables de Parques y Jardines, el Ayuntamiento "ha cambiado la anterior manera de actuar, con concesiones administrativas y contratos adjudicados por subasta, asignándose la recogida en la actualidad con meras autorizaciones a particulares".

Licencias "irregulares"

Al hilo de ello, el letrado del empresario imputado argumentó entonces que "estas licencias son irregulares y no constituyen contratos administrativos válidos", al tiempo que puso de manifiesto que, por esta labor de limpieza de arbolado, "no se establece retribución alguna, salvo la propia retirada del fruto que se pueda aprovechar para su venta, que actualmente tiene un valor ínfimo, y que se trata de naranja amarga y en malas condiciones de conservación en su mayoría".