El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Concejo Abierto de Almochuel (Zaragoza) que convoque asambleas vecinales ordinarias al menos cada tres meses, así como cuando lo solicite la cuarta parte de los miembros de la asamblea, en cuyo caso la celebración de la sesión no podrá demorarse más de quince días hábiles desde que se formalice la solicitud de convocatoria.

El Justicia se ha pronunciado así después de haber recibido en noviembre de 2010 una queja que ponía de manifiesto que en el Concejo Abierto de Almochuel no se estaban celebrando las asambleas vecinales con la periodicidad debida, ni siquiera a petición de los vecinos.

Una vez admitida a trámite, se envió con fecha 25 de noviembre un escrito al Ayuntamiento de Almochuel al objeto de recabar información acerca de la cuestión suscitada. La ausencia de respuesta dio lugar a la reiteración de la solicitud de información los siguientes 4 de enero y 12 de febrero, que no ha sido atendida.

El Justicia ha recordado a este consistorio la obligación de colaborar con esta Institución y también menciona la ley de Administración Local de Aragón, según la cual, el pleno de las corporaciones locales debe celebrar asamblea ordinaria como mínimo cada tres meses en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, según la ley de Concejos Abiertos de Aragón, la asamblea celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada tres meses, y podrá celebrar sesión extraordinaria cuando lo decida el alcalde o lo soliciten una cuarta parte de los miembros de la asamblea, en cuyo caso la celebración de la sesión no podrá demorarse más de quince días hábiles desde que se formalice la solicitud de convocatoria.

Por todo esto, el Justicia señala que la legislación "es clara" cuando exige, no sólo una convocatoria de asamblea vecinal al menos cada tres meses, sino también que se atiendan las solicitudes de los vecinos de convocatorias adicionales en los términos señalados.

Por eso, y al no haber respondido el Ayuntamiento a la solicitud de información emitida por esta Institución, "se carece de datos que permitan valorar las circunstancias o motivos por los que se está aparentemente incumpliendo la normativa vigente" y realiza la mencionada recomendación.

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