La Agrupación de Vecinos Independiente (ADVI) de Bezana ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander que se llame a declarar al alcalde en funciones, el 'popular' Juan Carlos García Herrero, por posible prevaricación en el caso Bezana Lago.

La petición de ADVI se produce a raíz de las declaraciones efectuadas esta semana por el ex alcalde del PP y actual candidato del PRC, Jerónimo Velasco, en el marco de la instrucción de la causa por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en esta urbanización.

Junto al actual alcalde en funciones, que este sábado será investido de nuevo al haber conseguido mayoría absoluta en las pasadas elecciones, ADVI pide que se llame a declarar al resto de la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia a la piscina del centro de ocio Bezana Lago pese a la orden de cierre que pesaba sobre ella.

Así, pide que se tome declaración a García Herrero y a los ediles José Antonio Martínez Salas, José María Mier Herrería, Antonio Arroyo Castanedo y de nuevo Jerónimo Velasco.

En el escrito presentado ante el juzgado, hecho público por ADVI, se explica que en las declaraciones realizadas por Velasco ante el juez se ha puesto de manifiesto que lejos de haber precintado la instalación, el Ayuntamiento de Bezana ha concedido licencia de apertura a la piscina.

Según recuerda ADVI, el convenio urbanístico suscrito en 1997 entre el Ayuntamiento y la empresa Nuevo Bezana señalaba que la piscina debería cederse gratuitamente al Consistorio desde su construcción, al igual que el conocido como edificio Rada y una finca de 18.000 metros cuadrados.

Sin embargo, señala que no sólo no se ha cumplido esa cláusula, sino que además en mayo del pasado 2010 la Junta de Gobierno Local acordó conceder licencia de apertura para la piscina.

Así, ADVI, que se remite a las declaraciones realizadas por Velasco, asegura que la Junta de Gobierno Local acordó el 7 de mayo de 2010 el precinto inmediato de la piscina y, cuatro días después, el 11 de mayo, concedió un aplazamiento hasta el 28 de mayo.

Finalmente, el 28 de mayo, atendiendo a una petición de los responsables de la instalación, la Junta de Gobierno Local concedió licencia de apertura mediante un acuerdo en el que, no obstante, matizaba que eso no supone el reconocimiento implícito de la titularidad de la piscina, que tendrá que ser resuelta por los tribunales.

Para ADVI, que las "radicales órdenes de precinto y cese de la actividad" se convirtieran finalmente en la concesión de licencia de apertura hace "más sangrante, ilógico y burdamente ilegal la burla" a la que se ha sometido a los vecinos de Bezana.

En su opinión, todos los integrantes de la Junta de Gobierno Local pudieron incurrir en un delito de prevaricación y, por ello, pide que se les cite a declarar como imputados "con la máxima urgencia" para poder cerrar la instrucción del procedimiento.

Además, solicita que se requiera al Ayuntamiento para que remita al Juzgado copia de los expedientes tramitados en relación al requerimiento de cierre de la piscina y cese de actividad.