La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la suspensión de las ayudas a la acción social a empleados públicos decidida por el Gobierno de Cantabria en el año 2008 y ratificado en 2009.

En concreto, lo que se hizo fue suspender el Acuerdo Administración-Sindicatos 2008-2011 para la mejora de la calidad de los servicios de la Administración General de la Comunidad autónoma y de las condiciones de trabajo de sus empleados públicos.

Fue una decisión contra la que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras presentaron recurso, en lo relativo al punto primero, el de la acción social. Lo que fijaba ese punto es que se destinaría un 1% de la masa salarial a las ayudas sociales para empleados públicos, para que se hiciera efectiva en el año 2010.

La Sala da la razón a los sindicatos en que el Gobierno no justificó de forma adecuada el argumento de que estas ayudas debían suspenderse con motivo de la crisis económica, al no aportarse datos que avalaran la necesidad del "sacrificio" del pacto para "salvaguardar" el interés público.

Sin embargo, la sentencia incide en que en los presupuestos del año 2010, aprobados en 2009, se mantiene esa medida, y en ella ya se habla de una "alteración sustancial" de las circunstancias económicas para confirmar la suspensión de las ayudas de acción social, aunque se quedan partidas para otras partes del acuerdo.

De este modo, se considera que en los presupuestos ya está la motivación para la suspensión, por lo que se desestima el recurso de UGT y CC.OO.