La inversión pública ha descendido un 55,5 por ciento en la provincia de Málaga durante los primeros cinco meses del año en comparación con 2010, alcanzando un total de 157.399.241,43 euros, frente a los 353.686.925,74 euros del ejercicio anterior.

Así lo ha expuesto este jueves en rueda de prensa el presidente general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, José Prado, quien ha estado acompañado por el responsable de la Junta de Contratistas, Emilio López, y la secretaria general de ACP, Violeta Aragón Correa.

En este sentido, ha detallado la aportación de cada una de las administraciones públicas, situándose en 105.686.154,95 euros la inversión por parte de la institución local, 105.686.154,95 euros de la regional y 25.265.459,34, de la administración central.

Asimismo, Prado ha hecho hincapié en "la falta de respuesta de las administraciones públicas a los compromisos de pago para con las empresas y la impunidad ante los incumplimientos de la Ley de Morosidad". La deuda supera los 300 millones de euros, según ha indicado el responsable de la ACP en Málaga, quien ha expresado que "es inadmisible el absoluto desprecio que algunas administraciones parecen mostrar por el tejido empresarial malagueño".

En otro orden de cosas ha destacado que durante el primer trimestre de 2011 se han visado 221 viviendas en la provincia, frente a las 929 del mismo periodo de 2010, lo que supone un descenso de un 76,21 por ciento. En el conjunto de 2010, el número de viviendas visadas se situó en 2.362, mientras que en 2009 se visaron 3.370.

Por todo ello, Prado ha definido como "demoledoras" las perspectivas a corto plazo para el sector, reclamando la adopción "inmediata" de medidas de profundo calado que aporten soluciones, ya que, según ha pronosticado, el empleo va a continuar cayendo, a lo que se unirá la desaparición de casi la totalidad de las empresas del sector, como consecuencia de la ausencia de actividad. MEDIDAS

Entre las medidas que la ACP ha considerado "imprescindible" se destaca garantizar la confianza en la economía española a los mercados internacionales, así como la sostenibilidad de las cuentas públicas, aportando como "única" salida para ello una actuación "valiente de los políticos en aras de reducir el déficit público por la vía del recorte de gasto público y no por el de la inversión productiva".

Asimismo, se ha de facilitar que fluya el crédito a las familias y a las empresas. En palabras de Prado "la banca ha cambiado las reglas del juego y lo ha hecho de una forma repentina y drástica, que no ha permitido el ajuste, dando como resultado la actual situación". En este sentido, ha destacado que "los excesos del sector financiero generaron la actual crisis, si bien ha sido nuestro sector el que se ha llevado la mala prensa y el que está sufriendo más duramente las consecuencias".

De forma más concreta, han abogado por reducir los trámites administrativos, tanto en la fase de planeamiento, como en la de tramitación administrativa de la promoción, construcción y pagos; y la densificación del urbanismo de las ciudades, pues es "imprescindible crear ciudades más compactas que supongan un menor gasto público, que consuman menos recursos y, en definitiva, donde sea más fácil vivir".

Del mismo modo, se apuesta por la creación de una nueva tipología de vivienda protegida: la Vivienda Precio Tasado, dirigidas a dar salidas a los inmuebles terminados o en fase avanzada de ejecución, con un precio ligeramente superior al de las viviendas protegidas de régimen general pero limitado.

También han hecho referencia a medidas transitorias para la VPO, como la eliminación del límite de ingresos de 4,5 veces Iprem para adquirir una vivienda protegida de precio general, manteniéndolo sólo para percibir ayudas; o elevar hasta 3,5 veces Iprem, los ingresos de los adquirentes de VPO de régimen especial.

Por último, ha considerado oportuno permitir la venta de estas viviendas a ciudadanos de la Unión Europea no residentes en España, eliminando el requisito de no disponer de otro inmueble en propiedad, pudiendo suprimir para estos ciudadanos las ayudas y las subsidiaciones.