El presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, considera "lógico" que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya confirmado que las 'vacaciones fiscales' vascas son ayudas ilegales que deben devolverse, ya que las normas que rigen "para todos" no se pueden "saltar a la torera". Lo contrario sería, según ha dicho, "la ley de la selva".

Revilla se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a la resolución del TUE que confirma que las 'vacaciones fiscales' vascas de 1993 constituyen ayudas públicas ilegales y que por tanto las empresas beneficiarias deben devolverlas.

Así, ha valorado que la UE sea "bastante rigurosa y seria" en temas como éste y haya sentenciado que "no valen excepciones".

Según ha defendido Revilla, todas las comunidades deben cumplir las normas españolas y comunitarias, para que "no haya excepciones en ningún lugar de la Unión Europea" y no se den "privilegios que rompan" la norma de la "libre competencia", como ocurría con las 'vacaciones fiscales' vascas, que suponían una exención del impuesto de sociedades durante diez años en favor de las empresas de reciente creación.

A su juicio, lo que ha resuelto el TUE era algo "previsible" y confía en que sea "un toque de atención" para que, en el futuro, "nadie se salte a la torera las normas de la Unión Europea y de España".

Tras admitir que está "contento" por la resolución europea, el presidente cántabro ha comentado que esta decisión hace que "nos sintamos ciudadanos de primera todos" y que no haya "privilegios y excepciones" en ninguna parte, extremo que sería "desmoralizante".

Vacaciones fiscales

Las ayudas en cuestión, ya derogadas, consistieron en una exención del impuesto de sociedades durante diez años en favor de las empresas de reciente creación. En el momento de su aprobación, estos beneficios fiscales no se notificaron a Bruselas.

La sentencia desestima el recurso presentado por las diputaciones forales vascas y da la razón a la Comisión Europea, confirmando una sentencia anterior del Tribunal de Primera Instancia.

El TUE rechaza los principales argumentos presentados por las diputaciones forales. En primer lugar, considera que éstas "no pueden invocar la larga duración del procedimiento" seguido por el Ejecutivo comunitario para declarar ilegal este sistema fiscal porque "ellas mismas contribuyeron a esta situación con su falta de colaboración y al no notificar las ayudas".

La sentencia también rechaza el argumento según el cual Bruselas autorizó implícitamente las 'vacaciones fiscales' al no abrir ningún procedimiento formal en 1994, cuando las empresas riojanas presentaron la primera denuncia. El Ejecutivo comunitario sólo lanzó una investigación oficial en 2000, tras recibir la segunda denuncia.

"No es posible deducir del mero silencio de la Comisión que los regímenes fiscales controvertidos habían sido autorizados", dice el Tribunal. Ello significa que las diputaciones forales deberán recuperar la totalidad de las ayudas concedidas en el marco de este régimen fiscal. MULTA

El Ejecutivo comunitario ya ha pedido al Tribunal de Luxemburgo que multe a España por no haber recuperado la totalidad de las ayudas pese a que ya hay sentencias que confirman su ilegalidad. La multa ascenderá al menos a 40 millones de euros y seguirá aumentando cada día que pase sin que se devuelvan las subvenciones.

Según las últimas estimaciones de Bruselas, el monto de las ayudas que deben recuperar las autoridades vascas es de algo más de 500 millones de euros.