El exalcalde del municipio malagueño de Cómpeta Leovigildo López ha asegurado este jueves, en el juicio en el que se le juzga por un delito sobre la ordenación del territorio por aprobar una licencia para una vivienda supuestamente en suelo no urbanizable, que se dio el visto bueno a la construcción de la casa para que la solicitante "tuviera donde meterse cuando iba a labrar la finca" y "no mojarse" cuando iba a trabajar.

El fiscal sostiene en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que los miembros de la comisión de gobierno, que eran el alcalde y otros dos ediles, también acusados, concedieron en 2005 el permiso para construir el inmueble en la zona conocida como 'Pago de El Cerro' y que otros dos acusados, uno actuando como técnico y otra la secretaria, se mostraron a favor del proyecto, aunque la Junta había emitido un informe desfavorable.

López ha indicado que el proyecto contaba con expedientes técnicos y jurídicos favorables y ha aclarado que "jamás" ha impuesto a nadie hacer nada, pero sí pedía que a los técnicos que lo que "se subiera a Pleno fuera en condiciones". "Me cabreaba si algo iba mal porque eso es perder el tiempo cuando no había que perderlo", ha apostillado el exalcalde.

Además, ha manifestado que creía que se podía dar el proyecto porque "había parcelas pequeñas, y siempre todo estaba conforme el terreno", insistiendo en que era "una vivienda con fines agrícolas". En este punto, ha aclarado que para él, estos fines consistían en "labrar, trabajar el campo y poder luego vender el producto para ganar algo".

Por su parte, uno de los concejales ha manifestado que para dar el visto bueno al proyecto de actuación se basaba en el informe de los técnicos porque "no entraba en el detalle" de esos documentos, asegurando, que si se aprobó la construcción de la vivienda era porque "estaba todo correcto". El otro edil acusado ha dicho que "sólo" iba a los plenos y "no leía los informes", entendiendo que "todo estaba bien y se aprobaba".

Legislación ambigua

La secretaria ha señalado que, a su juicio, la ley era en aquellos momentos "ambigua" y ha reiterado las dificultades que tenía para interpretar la norma, llegando, incluso, a tener que contar con la ayuda de otra persona contratada para ello porque se desbordaba de trabajo.

En este punto, ha indicado que como secretaria les informó del informé desfavorable de la Junta y de que se debía aclara algunos puntos del informe del técnico, pero que los concejales a la hora de aprobar la construcción "creían que el técnico informaba favorablemente" porque, entre otros aspectos, "rebatía el informe de la Junta de Andalucía". "Ellos aprobaban y se fiaban más del criterio técnico que del jurídico", ha aclarado.

No obstante, ha admitido que, anteriormente, le dijo al alcalde que "tenía que ser más pausado" a la hora de dar licencia de obras. "Me ha costado mucho trabajo para que las cosas se hicieran conforme a Derecho", ha sentenciado.

Por último, el asesor técnico municipal, también acusado, ha señalado que el informe que emite "no es ni favorable ni desfavorable es simplemente expositivo". Además, ha señalado que no se opone "sistemáticamente a los argumentos de la Junta, sino a que los que considero injustificados".

La celebración del juicio está previsto que continúe el próximo 17 de junio con la declaración de más testigos, las conclusiones definitivas de las partes y la última palabra de los acusados, para los que el fiscal solicita inicialmente una pena de un año y tres meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, por un delito sobre la ordenación del territorio.