La investigación judicial del caso 'La Loma' revela un organigrama municipal caracterizado por los "favores" y la existencia de funcionarios "clave", colocados a "dedo" que ejercían un "control absoluto" del urbanismo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Entre este personal, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez muestra las "buenas relaciones" del que fuera secretario municipal, César Sáiz con promotores; o el cobro de comisiones por parte de la responsable de Urbanismo, Yolanda Sánchez, como "garantía" del desarrollo de promociones.

La instrucción apunta a que los responsables de los distintos departamentos pudieron recibir "sobresuelos" procedentes de fondos públicos, y encuentra en este hecho la explicación a la "connivencia" y el funcionamiento "aparentemente caótico" entre los distintos servicios.

De hecho, se consta un "enriquecimiento patrimonial ilícito" en personas "clave" de la gestión municipal que discurre "de manera paralela" a las ilegalidades urbanísticas.

La instrucción lo resume señalando que en el organigrama municipal, en "muchos" casos "los cargos clave de cada departamento estaba ocupados por personas de confianza al margen de la legalidad" que percibían sobresueldos.

En Castro Urdiales, concluye, la situación de "aparente caos" era "provocada" y "perfectamente conocida", con los promotores como "únicos" beneficiarios de ella.

Las "relaciones" de césar sáiz

César Sáiz ocupó durante más de 20 años la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, período durante el cual mantuvo "buenas relaciones" con promotores urbanísticos a los que, a su jubilación, prestó servicios de asesoría jurídica.

El secretario era el encargado de tramitar la documentación entre los Departamentos de Urbanismo y de Rentas, este último a cargo de su hija, que cobraba "más sueldo de lo que le correspondía". Otro de sus hijos es socio en una empresa del administrador de una promotora a la que asesoraba César Sáiz.

Durante su gestión, se dejaron de cobrar "de manera voluntaria" distintas tasas urbanísticas a determinados constructores, como sucedió en el área investigada, La Loma.

El departamento de urbanismo

Yolanda Sánchez era desde 1991 la responsable del Departamento de Urbanismo, un cargo "clave" con funciones de disciplina y asesoramiento urbanístico, que se ofrecía como "garantía" del normal desarrollo de las promociones a cambio de una comisión y de la que consta el cobro de sobresueldos.

Su "intensa actividad" va incorporando más funciones, incluyendo de recaudadora y sustituciones del secretario, que añadía al ejercicio privado de la abogacía, sin que se comunicara o no su compatibilidad.

La investigación incide en que esta empleada municipal almacenaba en su domicilio particular documentación del Ayuntamiento, como el registro de salida del servicio jurídico de Urbanismo, expedientes e incluso sellos oficiales.

Gracias a este "control personal" Sánchez "conoce todos los trapos sucios" de "todos por igual" en el urbanismo de Castro, lo que le permite "beneficiarse" de ello y desarrollar una función de "chantaje" frente a concejales, promotores y particulares.

Entre la documentación guardada en su casa se halló un sobre que, bajo la etiqueta 'Prevaricaciones', incriminaba tanto al ex alcalde Rufino Díaz Helguera como al alcalde en funciones Fernando Muguruza, como informes para "beneficiar" a un concejal o concesiones de licencias a una "compañera de partido".

De hecho, la archivera municipal advirtió "reiteradamente" de que durante la instrucción judicial se accedió a la documentación de este servicio "sin control".

Otros funcionarios

Dentro del organigrama municipal "de facto", figuraba desde 1997 Pedro Restegui, arquitecto "de confianza" del ex alcalde Rufino Díaz Helguera, que elaboró el PGOU y tras ello pasó a la plantilla municipal sin proceso selectivo, con una retribución previa presentación de facturas.

Al asumir el cargo, el alcalde en funciones, Fernando Muguruza, le mantuvo en el puesto.

La denuncia de la situación de Restegui por parte del aparejador municipal por oposición llevó a este último funcionario a denunciar un "acoso sistemático" y a que se le "vaciara" de sus funciones.

Y a otro arquitecto municipal por oposición se le mantuvo en estas responsabilidades pese a tener sus facultades intelectivas "mermadas", ya que "carecía de capacidad real de análisis y comprensión de lo que firmaba". Este empleado falleció durante la instrucción judicial.

De una de las ingenieras municipales, Alicia García Gómez, persona "de la máxima confianza" de Muguruza, se incide en su "falta manifiesta de competencia" legal para sus funciones, y cómo al cesar en el Ayuntamiento trabajó en la CROTU, desde donde "agilizó" la tramitación de expedientes que afectaban a Castro Urdiales.

Otra ingeniera, Carmen Villanueva, era familiar del antiguo concejal de Urbanismo, Joaquín Antuñano, y junto a la anterior, fue "clave" en todas las actuaciones, "dando aparente cobertura técnica a los desmanes".

Igualmente se cita al responsable de Contratación, Carmelo Cano, incorporado "a dedo" con una función "obvia", también con sobresueldos. CASO '

La loma'

Son algunos de los detalles que se desvelan en el auto con el que el magistrado Luis Acayro Sánchez ha puesto fin a la investigación abierta sobre la tramitación de los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) nº3, nº4, nº7 y nº12, más conocida como La Loma, en la que se investigaba la construcción de unos chalés en la zona de servidumbre de protección de carreteras, sin autorización e invadiendo viales públicos de la Junta de Santullán, en una investigación por la que se dictó en su día prisión provisional para el alcalde, Fernando Muguruza.

El fin de la instrucción se ha saldado con la imputación de más de cincuenta personas, entre cargos públicos, empresariales y funcionarios de Castro; por una decena de delitos como prevaricación falsedad documental, cohecho y malversación de fondos públicos.