El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, considera que deben ser los productores hortofrutícolas afectados por la conocida como 'crisis del pepino', al ser acusados "injustamente" de estar en el foco del brote de E. Coli en Alemania, los que emprendan acciones legales contra las autoridades de este país, al tiempo que ha señalado que el Gobierno español les prestará "apoyo" y asesoría en sus demandas.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, donde presentó una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que reclama, entre otras cuestiones, que la Comisión Europea ponga en marcha "medidas excepcionales" que permitan compensar el 100% de los daños producidos a los agricultores.

Alonso ha remarcado que la Comisión Europea fue responsable de potenciar los efectos de la situación al emitir una alerta sanitaria que daba credibilidad alas "irresponsables" informaciones emitidas por la senadora de Salud de Hamburgo, por lo que debe ser Bruselas la que cargue con los costes.

España está ganado ante bruselas.

Sin embargo, ha señalado que ante el "grave daño" sufrido por los agricultores, éstos están en su derecho de exigir compensaciones a Alemania, a título individual. En cualquier caso, Alonso ha señalado que la última cifra de compensaciones ofrecida por la Comisión Europea, 210 millones de euros, es "insuficiente".

Así y, aunque considera que el que se haya elevado desde los 150 millones ofrecidos en un primer momento indica que España "está ganando" en sus reclamaciones, ha advertido de que la actual Política Agraria Común (PAC) es "débil" ante las crisis como ésta, por lo que son necesarias acciones excepcionales que se pondrían en marcha en base al artículo 191 de la OCM Única y garantizarían el pago íntegro.

Evaluación permanente de los daños.

Por este motivo, la iniciativa socialista reclama también que se aproveche el 'chequeo médico' de la PAC para recuperar las medidas de gestión de mercados suprimidas en 2003, y que permitirían reducir los excesos de 'stock' de productos y contrarrestar la "volatilidad de los precios", no sólo en el sector hortofrutícola, sino en todos los demás.

Mientras tanto, el PSOE pide al Gobierno que elabore junto a las comunidades autónomas, un informe exhaustivo de las repercusiones en los distintos productos y empresas, concretando la disminución de ventas asociada a esta crisis alimentaria, con el objeto de hacer una "evaluación permanente de los daños" que presentar a Bruselas.