Torrijos dice que el concurso de Mercasevilla no fue fraudulento y defiende la oferta de Sanma

Asegura que la oferta de Sanma le parece mejor "en términos sociales" La juez Alaya le imputa los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales
Antonio Rodrigo Torrijos
Antonio Rodrigo Torrijos
EUROPA PRESS
Antonio Rodrigo Torrijos

Asegura que la oferta de Sanma le parece mejor "en términos sociales" La juez Alaya le imputa los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales

El primer teniente de alcalde en funciones, concejal electo de IU en el Ayuntamiento de Sevilla y exvicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha asegurado este miércoles que el concurso promovido para enajenar los suelos del mercado central de abastos "no fue fraudulento" y ha defendido que, a su juicio, "le parece mejor, en términos sociales, la oferta de Sanma", filial del grupo Sando que se hizo con los derechos de superficie de los terrenos pese a que concurría una oferta superior por parte del grupo Noga.

El portavoz municipal de IU en funciones ha comparecido como imputado por espacio de más de cuatro horas ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, quien le imputa los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, ya que entiende que Torrijos, "puesto de común acuerdo con el resto de los inculpados, asesores, cargos directivos de Mercasevilla, de Sanma o del Ayuntamiento, preparó con ellos a sabiendas de su injusticia un concurso público para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos, predeterminado para que la oferta ganadora resultase ser la de Sanma".

La juez le imputa también que, "como quiera que Sanma estaba sustentando económicamente a Mercasevilla, se resolvió por los inculpados, entre ellos por Torrijos, conociendo previamente la oferta de Sanma relativa a la opción de compra y a la compraventa futura, eliminar los posibles competidores concertándose con ellos para que presentaran ofertas de relleno, y elaborar un pliego de condiciones que favoreciera claramente a Sanma frente al resto de participantes", para lo que "se contempló la cláusula de limitación al alza del precio de la compraventa, cláusula antieconómica y contraria al interés general", imputaciones todas ellas con las que Torrijos se ha mostrado en desacuerdo.

De este modo, el primer teniente de alcalde en funciones ha comenzado su declaración aseverando que él "no es la persona determinante en Mercasevilla" y que "no es conocedor de todos" sus asuntos, "ni mucho menos", al tiempo que ha puesto de manifiesto que "nunca estuvo de acuerdo con la adjudicación directa" de los terrenos del merca, ya que, por su parte, "exigía la mayor transparencia, legalidad, publicidad y concurrencia para cualquier operación que se hiciese". Así, ha subrayado que "se opuso en todo momento a la venta directa" y que "insistió en que el procedimiento tenía que ser muy garantista y muy concurrente".

"siempre defendió el concurso público"

Al hilo, Torrijos ha dicho que, por encima de la subasta, "siempre defendió el concurso como la fórmula más idónea, pero esto no quiere decir que decidiera esta fórmula, sino que lo decidieron entre todos", punto en el que ha negado, tal y como ha afirmado la juez Alaya en su interrogatorio —compuesto por 45 preguntas—, que decidiera la fórmula del concurso "para asegurarse que la oferta elegida fuera la de Sanma", ya que "siempre defendió la concurrencia, legalidad, publicidad y transparencia".

Tras explicar que siempre defendió la fórmula del concurso "porque consideraba que era el más cercano al interés general", la juez le ha preguntado si "es cierto que en connivencia con el resto de directivos y técnicos imputados de Mercasevilla querían asegurar a toda costa que el concurso lo ganara Sanma", a lo que ha contestado diciendo que "es absolutamente falso en lo que a él le corresponde, pues le parece una opinión respetable pero cuasimágica, pues habría que poner a una docena de personas de acuerdo y además en silencio".

A ello ha añadido que "le daba una garantía absoluta que personas de alta cualificación y técnicos no pusieran reservas de legalidad en este procedimiento", citando en este punto al secretario e interventor municipales y a un economista de Mercasa, que le dieron "seguridad jurídica" y "aprobaron la fórmula del concurso y el pliego", mientras que "también le dio seguridad política el hecho de que representantes de otros partidos, como el PA y el PP, no solo dieron su apoyo sino que felicitaron por la gestión del procedimiento". "La fórmula del concurso y el pliego también fueron aprobados por el pleno municipal y la Junta General, donde los empresarios que ahora lo denuncian, los mayoristas de frutas y verduras, no opusieron reparo alguno", ha apostillado.

Cláusula de limitación al alza

De otro lado, ha afirmado desconocer quien introdujo la cláusula de limitación al alza en el precio de la compraventa, aseverando que "habrá que preguntarle a los altos técnicos por qué abominan ahora de dicha cláusula", aunque ha opinado que la cláusula "es legal". Ante la pregunta de si "es cierto que, junto a los otros directivos de Mercasevilla imputados promovió un previo acuerdo entre los ofertantes para que presentaran ofertas de relleno o poco serias", Torrijos ha dicho que "no es cierto y que es manifiestamente falso".

Torrijos, que ha dicho que "no podría afirmar" que el alcalde en funciones, Alfredo Sánchez Monteseirín, conociera el proceso o evolución del concurso, ha aseverado que "no podría afirmar que hubiera una actitud prefijada para allanar el camino a Sanma". El actual portavoz de IU se ha limitado a contestar a las preguntas de la juez, el fiscal y su abogada defensora, acogiéndose a su derecho a no declarar respecto de las preguntas del resto de partes.

En estas diligencias, y además de Torrijos y el exgerente de Urbanismo, Manuel Marchena, están imputados el vigente gerente de Urbanismo en funciones, Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados en esta línea de investigación la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante; la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.

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