Unió Mallorquina (UM) ha puesto en conocimiento del juez instructor del caso Picnic, Antoni Rotger, que el banco le ha denegado ingresar en sus cuentas más de 6.000 euros procedentes de las asignaciones a los partidos políticos por encontrarse bloqueadas judicialmente, lo que ha transmitido a través de un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 8, encargado de las pesquisas.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que han explicado que desde la Conselleria de Economía y Hacienda dieron el visto bueno para subvencionar a la formación con esta cantidad, correspondiente a dos plazos que tenía pendientes, si bien el banco rechazó que este dinero fuese a engrosar las cuentas del partido, embargadas después de que UM no pudiese hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros que le impuso el juez en el marco de esta causa.

Se trata de una caución que el partido recurrió en reforma ante el juez instructor al alegar que no se les notificó un plazo para presentar alegaciones contra la fianza que en su día solicitó la Fiscalía Anticorrupción, si bien el magistrado desestimó el recurso de forma parcial. Al no poder pagar la cantidad decretada, la formación 'uemita' tuvo así que designar las cuentas de las que dispone para que pudieran ser embargadas y cubrir de este modo la caución, a pesar de que únicamente disponen de unos 150.000 euros.

En concreto, los 1,6 millones resultan de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de afiliados de UM, a los que se suma un tercio de esta cantidad que marca la Ley.

Y es que la Fiscalía postula que los 'uemitas' desviaron este dinero a fin de hacer "proselitismo, propaganda y apología de su idea política", y apunta a la ex concejal de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, la ex coordinadora de este departamento, Paula Cortés, y la ex gerente del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (Imfof), Catalina Payeras, como las principales personas que urdieron esta trama "en beneficio exclusivo del partido".

Las pesquisas, cuya operación policial se inició la a finales de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan en concreto a un desvío de fondos mediante la contratación, a través del Imfof, de una veintena de informadores medioambientales, conocidos como IMAS, cuya única función era, en realidad, atraer afiliados y futuros votantes para el partido. De este modo, las indagaciones se centran en averiguar si pudieron cometerse entre otros delitos los de malversación de caudales públicos y prevaricación.

El Ministerio Público apunta a que, de los 1,2 millones desviados, 343.332 euros procederían del convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y el Ayuntamiento para realizar actividades de uso público en Cabrera; 577.738 euros de los sueldos y nóminas de los Imas; 159.247 de la campaña 'Ecobarriada'; 38.581 del alquiler de su local; 42.326 euros de recursos materiales; 33.358 de los servicios "innecesarios" de asistencia de otra imputada, y 12.664 euros de las excursiones al Acuario y a la Dragonera.

Cabe recordar que el juez Francisco José Pérez acordó para Cerdó una de las fianzas penales más altas decretadas para un político en Baleares (300.000 euros), mientras que para Cortés impuso una caución de 100.000 euros que fue rebajada a 65.000.

El caso centra asimismo parte de sus pesquisas a indagar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba este partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.