Valeriano Gómez
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Fernando Alvarado / EFE

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha afirmado que "la organización empresarial tendrá al Gobierno abierto para cualquier fórmula de mejora de la flexibilidad que sea fruto del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales". Gómez ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto en la Fundación de los Trabajadores de la Siderurgia en Barakaldo (Vizcaya), donde ha entregado la medalla al Mérito en el Trabajo a Patricio Ortiz y Ortiz.

El procedimiento no se acaba el viernes El ministro ha señalado que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un decreto ley de reforma de la negociación colectiva, "pero -ha añadido- habrá varios meses de trámite parlamentario" porque la intención del Ejecutivo es "convalidar ese decreto ley y tramitarlo como proyecto de ley", por lo que, según ha asegurado, "el procedimiento no se acaba el viernes", sino que ese día "empieza".

El ministro de Trabajo ha asegurado que "siempre la organización empresarial tendrá al Gobierno abierto para cualquier fórmula de mejora de la flexibilidad que sea fruto del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales". Ha manifestado que "el que tiene que regular, el que tiene que legislar, si no se han alcanzado previamente los acuerdos necesarios, siempre corre el riesgo de inclinar la balanza de un lado o a otro, o como pasó el año pasado, no contentar a ninguno de los participantes", aunque ha subrayado que "el Gobierno mantendrá hasta el último momento abierto su canal de dialogo".

Las claves del borrador

El borrador del anteproyecto de ley de reforma de la negociación colectiva remitido por el Gobierno a los agentes sociales permitirá al empresario disponer con carácter general del 5% de la jornada de trabajo anual para distribuirla de manera irregular, salvo pacto en contra con los representantes de los trabajadores,

La CEOE había propuesto que el 15% de la jornada de trabajo anual pudiera distribuirse de manera irregular Este porcentaje es inferior al 15% que había establecido como mínimo la CEOE en su última propuesta del 2 de junio, con la que se zanjaron las negociaciones entre patronal y sindicatos. El Gobierno resuelve así una parte de las cuestiones relativas a la flexibilidad interna, que podrán pactarse en los convenios colectivos de empresa, sin perjucio de lo que se determine en los convenios sectoriales.

El Ministerio de Trabajo mantiene en su propuesta que ante la falta de acuerdo para renovar un convenio expirado éste se prorrogue (la llamada ultraactividad) y da más protagonismo al convenio de empresa así como a las comisiones paritarias. Según el documento de Trabajo al que ha tenido acceso 20minutos.es, "en defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior (de mediación o arbitraje) o éstos no hubieran solucionado la discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo".

Estas son las principales claves del borrador enviado por el Gobierno a patronal y sindicatos:

Se mantiene la ultraactividad. El Gobierno ha decidido mantener la ultraactividad, algo que quería limitar la CEOE y que los sindicatos pedían que siguiera para evitar que ante la falta de acuerdo para renovar un convenio éste decayese y supusiese una pérdida de derechos para los trabajadores. Si una de las partes denuncia el convenio ante la falta de acuerdo para renovarlo se contará con un plazo máximo de "20 meses" para negociarlo. Al mismo tiempo se mantiene el que los representantes de los trabajadores puedan ejercer el derecho a la huelga mientras que se negocia.

Mayor protagonismo del convenio de empresa. Así, de acuerdo con el borrador, la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad sobre el sectorial en materia de "salario base, en complementos salariales, horas extraordinarias, retribución específica del trabajo a turno, horario y distribución del tiempo de trabajo". También sucederá lo mismo en cuanto a "planificación anual de las vacaciones, clasificación profesional, modalidades de contratación y medidas que favorecen la conciliación entre la vida laboral y familiar".

Se refuerzan las comisiones paritarias. Este órgano, formado por los representantes de los trabajadores y del empresario, adquiere mayor protagonismo a la hora de interpretar conflictos sobre el convenio en lo referido a la flexibilidad interna. A sus resoluciones se les da la misma "eficacia jurídica" que al convenio. Así, en caso de desacuerdo en las consultas sobre modificación de las condiciones de trabajo, cualquier de las partes lo podrá someter a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse. Si tampoco se solucionara el conflicto, entonces se recurriría a los procedimientos de resolución de conflictos que se establezcan en los acuerdos interprofesionales del ámbito estatal y autonómico. En el caso de los salarios se fija que la "inaplicación" por parte del empresario de lo pactado (la denominada cláusula de descuelgue) conllevará el que determine con exactitud qué es lo que cobrará el trabajador.

Creación del Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva. El documento propone la creación de este consejo como órgano de consulta y asesoramiento, adscrito al Ministerio de Trabajo, de carácter tripartito y paritario.

Mutuas y absentismo. En el documento no se hace referencia alguna a lo que los sindicatos y la patronal pactaron sobre mutuas y absentismo antes de que el 2 de junio dieran por rotas las negociaciones para pactar ellos la reforma.