La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha presentado una denuncia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en la que acusa a inversores no identificados de Telvent de utilizar información privilegiada en las semanas previas a la oferta de compra de Schneider Electric sobre la empresa española.

La Comisión señala que el uso de esta información tuvo lugar en los días precedentes al 1 de junio de 2011, cuando la compañía francesa Schneider Electric anunció que había llegado a un acuerdo con Telvent para adquirir todas sus acciones por 40 dólares (27,3 euros) el título, lo que representa una prima del 16 por ciento respecto al precio de cierre del día anterior.

La denuncia alega que estos inversores, mediante el uso de información privilegiada, violaron la sección 10 (b) de la Ley de Intercambio de Valores estadounidenses. En concreto, entre el 29 de abril de y el 27 de mayo de 2011 los acusados adquirieron 1.200 opciones de compras de títulos a través de una cuenta en Pershing LLC.

En concreto, explica que dos tercios de estas opciones fueron adquiridas dentro de los cinco días naturales previos a que se anunciara la operación y abarcaban el 52 por ciento del volumen total de opciones de este día. De esta manera, el precio de las mismas aumentó "drásticamente".

"En esta ocasión, el precio de las opciones se incremento en alrededor de un 480 por ciento. La denuncia alega que, como resultado, los compradores no identificados lograron unos beneficios aproximados de 475.000 dólares (324.000 euros) por la venta de las opciones", informa.

Tras la denuncia de la SEC, el tribunal de Nueva York ordenó el pasado 3 de junio la congelación de forma temporal los activos y los beneficios de la operación de los compradores no identificados. Además la orden de restricción temporal exige a estos compradores que se identifiquen, impone un calendario acelerado de descubrimiento, y prohíbe a los demandados la destrucción de documentos.

El objetivo de este proceso judicial es adoptar medidas cautelares permanentes, la restitución de todas las ganancias ilegales, y la imposición de sanciones civiles.