El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cáceres, Fernando Solís, ha trasladado este martes a miembros de la Pequeña y la Mediana Empresa de la Construcción (Pymecon) las medidas de lucha contra la economía y el empleo sumergido que recoge el decreto aprobado por el Gobierno Central el pasado mes de mayo.

"La economía sumergida supone entre el 20 y el 25 por ciento del PIB del país", reconoció Solís.

A este respecto, Pymecon entiende que se trata de un "grave problema" que ocupa "todos" los sectores de producción pero, en el caso particular de la construcción, el empleo sumergido se centra en las 'chapuzas' de fin de semana, en las que trabajadores, empleados o no, trabajan por cuenta propia sin ningún tipo de regularización y, por supuesto, sin factura.

Solís, según ha informado Pymecon en nota de prensa, dedicó una gran parte de su exposición a resolver las dudas que provocaba el texto del decreto en los asistentes y a tomar nota de las propuestas y recomendaciones que recibió de los presentes.

El objetivo del decreto es hacer aflorar la economía y el empleo sumergido, para lo que se establece un plazo en que las empresas con trabajadores en situación ilegal, o los propios trabajadores, regularicen su situación.

"De este modo queremos crear conciencia social y cívica en la población", ha argumentado Solís, quien ha recordado que es un problema que afecta a toda la sociedad.

En concreto en el sector de la construcción, las empresas con trabajadores sin regularizar hacen una "competencia desleal" al resto de empresas, ya que pueden ofrecer presupuestos más baratos al tener menores gastos de producción, según ha indicado Pymecon en nota de prensa.

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