El desalojo policial de la plaza Cataluña vulneró varios derechos fundamentales

Las huellas de los porrazos propinados por los Mossos d'Esquadra eran evidentes en las espaldas de algunos acampados.
Las huellas de los porrazos propinados por los  Mossos d'Esquadra eran evidentes en las espaldas de algunos acampados.
María Salgado

Los abogados del Legal Team presentes en el desalojo de Plaza Catalunya el pasado 27 de mayo han asegurado este martes que la operación policial vulneró "gravemente" cinco derechos fundamentales, y han calificado de "muy peligrosos" los argumentos utilizados por el conseller catalán de Interior para defender la actuación.

"La desobediencia a una orden policial no legitima el uso de la violencia, por lo que la justificación que ha hecho en este sentido el conseller de Interior, Felip Puig, es muy peligrosa y vulnera todos los tratados existentes de prevención de la tortura", ha dicho el miembro del Legal Team, Àlex Solà, en la presentación del informen de esta asociación de abogados de ámbito europeo.

El citado informe ha sido elaborado a partir de las observaciones de 15 abogados del Legal Team, que forman parte de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y tienen como cometido defender los derechos fundamentales en las movilizaciones masivas de protesta en Europa. Según estas observaciones, la operación policial del pasado 27 de mayo vulneró cinco derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la integridad física, porque fueron agredidas "gran cantidad de personas".

"La mayor parte de las agresiones fueron contra personas que estaban cuestionando verbalmente la actuación de los agentes u ofrecían resistencia pasiva sentados en el suelo con las manos alzadas, o de pie y estáticos", según el informe. "Aunque algunas de las personas agredidas -matiza- estaban situadas fuera del núcleo de más presencia policial y sólo parecían observar el transcurso de los acontecimientos".

A este respecto, el abogado Àlex Solà ha dicho que "la resistencia pasiva no justifica el uso de la violencia" y que "la desobediencia a la autoridad es un delito que se puede denunciar y, una vez demostrado, comporta penas de multa, pero en ningún caso la pena de recibir garrotazos por parte de un mosso d'esquadra". En consecuencia, Solà considera "muy peligrosas" las declaraciones del conseller de Interior, Felip Puig, defendiendo la legitimidad de la actuación policial como respuesta a una desobediencia a la autoridad.

"Además, hay que recordar que los acampados se negaban a levantarse porque no querían dejar pasar un camión en el que se estaban llevando sus pertenencias, por lo que la resistencia pasiva estaba justificada", ha añadido la abogada Mireia Montesinos. El informe, que los abogados presentarán ante diversos organismos de defensa de los derechos humanos europeos, señala que la actuación policial también vulneró el derecho a utilizar todos los medios de prueba que garanticen el derecho a la tutela judicial porque los agentes no iban identificados.

En este sentido, los abogados han animado a todos los ciudadanos que se consideren víctimas de la actuación policial y a la comisión jurídica de los acampados a denunciar la vulneración de derechos ante la justicia. "Creemos que las vulneraciones de derechos fundamentales tienen suficiente peso como para que tengan un recorrido judicial", ha dicho Solà, en respuesta a las voces que auguran que las denuncias se archivarán porque la ausencia de identificación de los agentes impide imputarlos.

"Existen otras maneras de identificar a los agentes, como las fotografías y las imágenes de vídeo registradas", ha asegurado Solà, que ha añadido que también se puede explorar la vía administrativa, ya que "se trata de un operativo preorganizado de una manera que transgredía las leyes". Los miembros del Legal Team presentarán su informe ante los grupos políticos con representación parlamentaria porque creen que "se pueden reclamar responsabilidades políticas".

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