Grecia denuncia un fraude en el cobro de 4.500 pensiones de funcionarios muertos

  • Ha habido casi 18.000 beneficiados por desempleo que no lo necesitaban.
  • Desde las instituciones se dice que se reforzará la lucha contra el fraude.
  • El Gobierno se reafirma en que los beneficios sociales no se recortarán.
Griegos se manifiestan contra las fuertes medidas de austeridad impuestas por el gobierno griego para luchar contra la crisis.
Griegos se manifiestan contra las fuertes medidas de austeridad impuestas por el gobierno griego para luchar contra la crisis.
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Griegos se manifiestan contra las fuertes medidas de austeridad impuestas por el gobierno griego para luchar contra la crisis.

La ministra griega de Trabajo, Luka Katseli, aseguró este lunes que se han descubierto en el último año grandes estafas en el cobro de dinero público, como que los familiares de unos 4.500 funcionarios fallecidos siguieron percibiendo la pensión de éstos.

En una entrevista al periódico Ta Nea, Katseli se refirió a "unas 4.500 pensiones cobradas en nombre de personas ya fallecidas y más de 18.000 casos de beneficios por desempleo a personas que no tenían ese derecho".

Respecto a los recortes anunciados por el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, dentro del acuerdo con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sanear la endeudada economía helena, la ministra defendió que "los beneficios sociales no se recortarán, sino que se reestructurarán para que respondan verdaderamente a las necesidades reales de la población".

El departamento de Trabajo se propone ahorrar 6.800 millones de euros entre 2012 y 2015 y, al respecto, Katseli informó de que ya ha logrado economizar "más de 16 millones de euros en 2010 sólo a base de comprobar la información de las pensiones de los funcionarios públicos".

La responsable de Trabajo subrayó que seguirán reforzando los controles contra el fraude y afirmó que supervisarán casos sospechosos, como la existencia de 9.000 ciudadanos con más de cien años que continúan cobrando una pensión. "De unos 9.000 jubilados registrados que son mayores de cien años estamos investigando cuántos de ellos están vivos", indicó.

Katséli defendió la medida que se aplicará a partir de este año y que supone que los nuevos contratados de 18 a 25 años recibirán sueldos en un 20 % menores a lo acordado en el acuerdo colectivo (cobrando 592 euros en lugar de 839 euros) y podrán ser despedidos sin compensaciones durante tres años.

"El problema es que el paro en esa franja de edad está en el 40 % y, por tanto, la medida no se orienta a reducir el coste laboral, sino a aumentar los incentivos para que se incremente el empleo entre aquellos que ahora tienen cero ingresos", precisó.

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