Funcionarios de la Agencia Tributaria que colaboraron en la investigación del caso 'Malaya' y peritos propuestos por una defensa, que elaboraron un informe sobre sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, gestionadas por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, comparecerán de nuevo este martes en el juicio en un careo.

Este careo, previsto inicialmente para este lunes y que ha sido aplazado para el martes, lo protagonizarán dos peritos de Hacienda, que colaboraron en la elaboración de informes incluidos en la causa, y dos expertos propuestos por la defensa del acusado y también abogado, Manuel Sánchez Zubizarreta, quienes elaboraron un informe sobre la contabilidad de determinadas sociedades y las operaciones realizadas.

En todos los casos, estos expertos ya han declarado, aunque por separado, a lo largo de la vista oral y en concreto dentro de este segundo bloque del juicio, dedicado al delito de blanqueo de capitales; pero el Tribunal encargado del enjuiciamiento consideró necesario mantener "un contraste de opiniones" entre los peritos, debido a las "diferencias" existentes en las conclusiones de los informes emitidos.

Los peritos de Hacienda señalaron que sociedades de Roca llevadas desde dicho bufete "sirvieron para ocultar negocios" del responsable de la sociedad municipal Planeamientos 2000 con el propio Ayuntamiento y señalaron que a veces "los propios letrados y socios del gabinete se prestan a llevar a cabo operaciones que creemos realmente transgresoras". Cuestionaron la contabilidad, al asegurar que "no todos los hechos económicos han sido correctamente contabilizados".

Por contra, los expertos que declararon a petición de la defensa consideraron que los informes de la Agencia Tributaria eran "tendenciosos e incompletos". Además, indicaron que los préstamos entre sociedades "están debidamente registrados, las salidas de unas y las entradas en otras" en los libros analizados, siendo la contabilidad "un fiel reflejo de la vida de las empresas". También negaron que se pueda hablar de "caja única". TESTIGOS

Asimismo, para este martes está prevista también la comparecencia de dos testigos, entre ellos el que fuera responsable de la Udyco Valentín Bahut. En la sesión de este lunes han declarado dos testigos, uno de ellos un agente de la Policía Local de Marbella, que estuvo imputado, quien ha asegurado que se comentaba que la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, "estaba siendo vigilada" y que en su grupo "comentamos que hubo un gran revuelo".

Así, ha explicado que él estaba en el grupo de protección de personalidades en noviembre de 2005 y que tuvo conocimiento de un seguimiento en los alrededores de la sociedad Planeamientos 2000, donde trabajaba Roca, los primeros días de dicho mes. También ha dicho que antes de noviembre, supo de una vigilancia en su domicilio, explicando que preguntó "si buscaban algo y me dijeron, no, somos compañeros". También los hubo en domicilios de otros escoltas.

Ha dicho, asimismo, que se sabía que el acusado Jaime Hachuel, cuya defensa lo ha propuesto, "estaba en el entorno de seguridad del señor Roca", sobre el que ha puntualizado que era entonces "un alto cargo del Ayuntamiento, por tanto, todo el entorno de su seguridad, como la de los concejales, éramos compañeros". Ha negado que informara a Hachuel de presuntas actividades ilícitas de Roca porque no las conocía, sino que se limitó a mirar el titular de un vehículo.

A este respecto, ha calificado de "práctica habitual" que entre fuerzas de seguridad o por parte de responsables de seguridad se pidan datos sobre coches con placas "sospechosas". También ha indicado que la base de datos de la Policía Local marbellí "es muy escueta" y sólo pueden conocer el titular y si el coche tiene alguna incidencia, "como si está buscado por robo o una orden de precinto", apuntando que la persona que hace la consulta queda registrada.

Además, se ha reproducido una escucha telefónica, también a petición de la defensa de Hachuel, en la que éste llamaba a la Guardia Civil para renovar una licencia de caza de Roca. En la llamada, el interlocutor, un agente de Intervención de Armas, sabe, como ha precisado la defensa de Hachuel, que éste llama en nombre del principal acusado y le dice los documentos que necesita para renovar el permiso.

Asimismo, ha declarado un responsable de una compañía telefónica, que a nivel general ha explicado la forma de intervenir un teléfono, pero no ha sabido responder a las preguntas concretas realizadas tanto por la defensa de Roca como por el fiscal sobre el caso 'Malaya', al indicar que en ese momento no estaba en la unidad encargada de las intervenciones. En cualquier caso, ha dicho que no se hacen las intervenciones sin mandamiento judicial.

Ha afirmado que, una vez producida la intervención, la voz y los datos "se remiten directamente por los equipos de la red a los centros de monitorización de los agentes, a las fuerzas de seguridad, y no interviene operario alguno". Se tarda 24 horas como máximo en llevar a efecto la intervención y si el teléfono no es de su línea se informa. "En ningún caso", ha dicho, se adelantan datos a la Policía.