La que será próxima concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Granada, Cristina Almagro (PP), se ha sentado este lunes en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 de Granada como acusada de falsificación de certificados para convertirse en presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín, cargo que, según ha dicho, ejerció de acuerdo a la "legalidad". Según ha afirmado, los certificados que se consideran alterados sólo tenían "errores" de fecha, y en ningún momento se falsificaron en su propio beneficio.

La Fiscalía de Granada le atribuye a ella y al que fuera secretario de la asociación, Antonio Fernández Lupión, que también ha sido enjuiciado, un delito de falsificación de certificados, por el que ambos se enfrentan a 3.600 euros de multa, pena que la acusación particular, que ejerce un vecino del barrio, Miguel Ángel García Segura, eleva a los 22 meses de cárcel y 6.000 euros de multa, además de suspensión para empleo o cargo público. Las acusaciones han mantenido sus conclusiones, si bien el Ministerio Público ha señalado durante su informe que los hechos no "son merecedores de condena alguna", sin añadir nada más.

Almagro ha dicho ser "totalmente inocente" y que su intención siempre ha sido, durante el periodo en el que fue presidenta, entre 2006 y 2008, fomentar las actividades en el barrio. Según ha indicado, no creía que estuviera vulnerando ninguna norma con los documentos presentados ante la Junta de Andalucía en los que se informaba de la reunificación de la Asociación del Albaicín y San Pedro y que, en todo momento, contó con la asesoría de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada.

El segundo acusado, que actuaba en calidad de secretario de la Asociación y que firmó los certificados puestos en cuestión, también ha testificado en el mismo sentido, y ha asegurado que "si se cometió algún error" en los documentos fue solamente la fecha y que actuó considerando siempre que lo hacía "bajo la legalidad".

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, han declarado como testigos, entre otros, el propio denunciante, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada, que ha avalado la declaración de los dos imputados. El abogado de la defensa ha atribuido la denuncia a la "animadversión" de García Segura, al que pedirá las costas del proceso si sus representados salen absueltos.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la directiva de la asociación dimitió de sus cargos entre mayo y julio de 2006, y no se celebró asamblea para elegir a los nuevos miembros.

Sin embargo, en el mes de junio de aquel año Cristina Almagro, actuando en calidad de presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín, presentó ante la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública solicitud instando a las inscripción de la modificación de estatutos en el Registro de Asociaciones, ante la reunificación de las Asociaciones del Albaicín y San Pedro que se había acordado en Junta General Extraordinaria de la del Albaicín el 29 de diciembre de 2005, a la que Almagro ni siquiera asistió.

Almagro adjuntaba una certificación de fecha 19 de junio de 2006 expedida por Fernández Lupión en calidad de secretario. En ese certificado se aseguraba que en la Asamblea General Extraordinaria de diciembre de 2005 se había elegido nueva directiva, con Almagro como presidenta, y Fernández Lupión como secretario. La documentación presentada ante la Delegación fue sin embargo devuelta para su subsanación.

Por ello, posteriormente fueron presentados de nuevo ante la Delegación dos certificados "con idéntica finalidad", uno el 30 de julio de 2006 y otro el 13 de abril de 2007. De nuevo, Fernández Lupión, con el visto bueno de la presidenta, expidió nuevo certificado, haciendo constar igualmente la elección de la nueva directiva y la relación de los nombres que la componían, de la que cuatro de ellos, incluido el secretario y la presidenta, no eran ni asociados el 29 de diciembre de 2005. Además, en la primera certificación la persona que figuraba como vocal aparecía como vicepresidente en la segunda, y el que en un primer momento era el tesorero, luego fue sustituido por otro nombre en el siguiente certificado.

La denuncia que motivó la apertura de diligencias la interpuso en su día Miguel Ángel García Segura, familiar del presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, que en el escrito que presentó ante la Fiscalía informaba de que Almagro llegó, para asegurarse la victoria electoral y ser elegida presidenta, a poner en marcha un proceso electoral "fraudulento", con la creación de atípicos órganos de control electoral no previstos en los estatutos y con la afiliación "masiva a la asociación" de personas afines a los dirigentes que no residían ni en el barrio, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press.