La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Nueva Rumasa por estafa e insolvencia punible

El juez acusa a José Maria Ruiz-Mateos y a sus seis hijos varones de presuntas irregularidades en la gestión

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella presentada por un grupo de 63 inversores contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones, por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible, según el auto dictado este viernes.

La Audiencia Nacional abre así diligencias de investigación un día después de recibir el informe favorable a la apertura de la causa penal de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez explica que durante el curso de la instrucción "se deberá limitar con mayor precisión el importe de las presuntas defraudaciones llevadas a cabo, así como el destino último dado por los querellados a las cantidades desembolsadas por los inversores".

El juez, que no ha fijado todavía fecha de declaración de los miembros de la familia Ruiz-Mateos, impone al grupo una fianza de 13 millones de euros y ordena la entrega de la documentación referente a la decena de sociedades del 'holding' emisoras y avalistas de los pagarés.

Además, pide a la Unidad Central de Delitos Económica y Fiscal (UDEF) y a la Agencia Tributaria toda la documentación que tengan sobre las sociedades de Nueva Rumasa. Ruz descarta investigar la actuación de la CNMV y del Banco de España por responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tal y como pedían los querellantes.

El juez se acoge a las acusaciones de los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón que se pronunciaron a favor de la apertura del proceso penal por dos de los cuatro delitos denunciados —estafa e insolvencia punible—, tipificados en los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente. La Fiscalía descartó la acusación por delito fiscal.

El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011. A partir de ahora, el resto de inversores (cerca de 5.000) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso como acusación particular.

Investigación sobre sociedades.

El juez pide al Registro Mercantil y a los juzgados de lo mercantil toda la información sobre las sociedades que emitieron o avalaron los pagarés, todas ellas en situación concursal o pendientes de declaración de insolvencia.

Los pagarés fueron emitidos, con una inversión mínima de 50.000 euros, por las sociedades Carcesa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, y Maspalomas Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa, así como Hibramer.

Las investigación sobre las operaciones de pagarés también afectan a las sociedades Rumanova, Bardajera, Carnes y Conservas Españolas y Bodegas Valdivia de Cádiz.

La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando a Nueva Rumasa desde marzo de 2010, tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de los pagarés.

Los inversores, representados por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, reclaman cerca de 10 millones de euros al considerar que en las campañas para captar inversiones particulares Nueva Rumasa mintió sobre su estructura empresarial y que la emisión de pagarés se hizo a sabiendas de que no iban a poder devolver el dinero.

El informe de la Fiscalía confirma estas acusaciones al poner de manifiesto la "opacidad" de la estructura de Nueva Rumasa, que "podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones". El grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, cuatro en Holanda y dos en Panamá.

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