El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha asegurado que la Junta "remitirá toda la documentación que sea solicitada" por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga posibles irregularidades en expedientes de regulación de empleo.

Tras ser preguntado por la necesidad de que la Junta remita información al juzgado, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido indagar el papel del diputado Ramón Díaz, el consejero no ha querido mencionar expresamente el caso de Díaz, aunque ha dejado claro que "toda la documentación que sea pedida por el juzgado, la Junta va a colaborar como viene haciendo hasta ese momento, al cien por cien".

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga una posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, un nuevo escrito en el que reclama que sea recabada información en cuanto al "cargo, funciones e intervenciones" del actual diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz en las subvenciones concedidas a la sociedad anónima laboral 'Saldauto' para su reestructuración. El Ministerio Público pide además a la juez Mercedes Alaya que requiera abundante documentación sobre las ayudas libradas para esta sociedad anónima laboral, toda vez que en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por 'Saldauto' han sido detectadas tres prejubilaciones fraudulentas.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.