La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los propietarios de viviendas afectadas por sentencia firme de derribo en la costa cántabra, propondrá pedir al nuevo Gobierno regional que ponga los medios necesarias para "cumplir sus obligaciones", esto es, con las indemnizaciones a los dueños antes de la demolición.

Es una propuesta que se debatirá y votará este domingo en una reunión extraordinaria convocada a las 11.00 horas en Argoños, y que se hace después de que el presidente electo de Cantabria, Ignacio Diego, planteara las dificultades económicas para el abono de estas indemnizaciones.

La posibilidad de pagar a los perjudicados antes de que se haga efectivo el daño, es decir, la demolición, viene contemplada en la proposición no de ley aprobada el pasado verano en el Parlamento de Cantabria con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Tras conocer las declaraciones de Diego, AMA planteará, en una decisión que deben refrendar sus socios, pedir al Gobierno de Cantabria que ponga los medios, mediante créditos, avales "u otros instrumentos" que le permitan "cumplir y afrontar sus obligaciones con las victimas" de las sentencias de derribo.

Otra de las propuestas que se debatirán es que AMA esté presente en la constitución de los Ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo así como el la apertura de la nueva legislatura en el Parlamento de Cantabria.

En AMA dicen sentirse "burros y apaleados" ante las declaraciones de Diego y la ordens de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de "derribo inminente" de las viviendas sin atender ninguna de las propuestas de regularización, incidentes de ejecución o leyes aprobadas por el Parlamento.

Por eso, otra de sus iniciativas es pedir al Parlamento de Cantabria que presente una queja de conflicto de competencias ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y que corrija el preámbulo de la modificación de la Ley del Suelo, cambio aprobado en este 2011, para que no haya "ninguna duda" sobre su aplicación. Es un tema que, además, pedirán a la Sala que aclare en un auto.

También estudiarán la posibilidad de que a través del Gobierno de Cantabria se realicen los aprovechamientos urbanísticos, en coordinación con los Ayuntamientos, ya que ahora son "del mismo color político".

Y quieren llevar al Congreso de los Diputados y al Senado esta situación, así como al Parlamento Europeo, a quien quieren trasladar el "incumplimiento" del informe que realizaron.