Los grupos parlamentarios del PPdeG y el PSdeG han pactado seis modificaciones en el informe de la ponencia para el proyecto de ley de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, entre los que se encuentran que la Xunta deberá incluir en los presupuestos la información sobre el riesgo comprometido por avales y los compromisos por el uso de fórmulas de colaboración público-privada, tanto las contratadas como las previstas para el ejercicio al que se refieren las cuentas.

Durante el debate del dictamen de la ponencia, en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, la portavoz del PSdeG en esta materia, María José Caride, ha considerado que se trata de "una ligera incorporación" respecto a la transparencia en las fórmulas con financiación privada y se ha felicitado por que otro de los acuerdos obligará a la Xunta a remitir al Parlamento, junto con el techo de gasto aprobado por el Consello, el informe financiero y fiscal en el que se base la estrategia del Gobierno gallego.

El informe de la ponencia ha sido aprobado finalmente con los votos de los populares, la abstención del PSdeG y el rechazo del BNG, que ha avisado que, aunque no desecha las enmiendas de los socialistas —se ha abstenido en la votación de las pactadas con el PP y ha respaldado el resto—, no apoyará la aprobación de la ley en pleno.

El portavoz de los nacionalistas en el debate, Fernando Blanco, ha afirmado que las enmiendas de su grupo (25 en total) constituyen "una ley diferente" que apuesta por "la creación de empleo y la actividad económica", en lugar de por conseguir el déficit cero en un momento de crisis. En cualquier caso, ha señalado que no estima necesaria esta ley, que "encorseta" a la Xunta y la transforma en un "espectador".

Caride, por su parte ha acusado a la Xunta de pretender "quedar bien" con esta ley y de hacer "un ejercicio propagandístico" para presentar al Gobierno gallego como "campeón" por ser el primero en limitar el gasto en épocas de bonanza. Así, ha considerado que tendrá "una incidencia nula" sobre la economía, dado que se aplicará cuando el producto interior bruto (PIB) crezca por encima del 2%, algo que "no va a pasar en esta legislatura".

Además, ha censurado el "tufillo" y la intención de "criticar a los que gobernaron antes" del texto legislativo, que percibe por la mención a que Galicia ha cumplido los objetivos de déficit en 2009 y 2010. Esta referencia se ha ampliado, tras la transacción con el PP, a los últimos seis años. No obstante, la diputada socialista ha anunciado que mantienen sus enmiendas (presentaron 27) y ha reclamado ir "más allá" en la disciplina presupuestaria.

Servicios "mejor garantizados"

Por su parte, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha sostenido que se trata de "una ley muy importante", que tendrá incidencia tanto en el medio y largo plazo como en el corto, pues afecta a la gestión presupuestaria y no sólo al techo de gasto, sino también a la sostenibilidad financiera. "Necesitamos una ley que ajuste al ciclo a largo plazo las cuentas públicas", ha afirmado y ha considerado que los servicios públicos quedarán, de este modo, "mejor garantizados".

Puy ha replicado a los argumentos del BNG con que "el empleo no se puede crear por ley", sino con un mercado eficiente, al que contribuye "un sector público saneado". Los ajustes que acometen en la actualidad todas las administraciones, ha dicho, son "obligados" por el contexto económico y la "nefasta política" del PSOE en el Gobierno central, y no se deben "a razones ideológicas".