El acuerdo de Patrimonio de Castilla y León, del que el Ministerio de Fomento tuvo constancia oficial el pasado 27 de abril, representaría un retraso en las obras de varios años, además de un "evidente perjuicio económico" para el Estado.

"El Ministerio de Fomento ha seguido siempre las instrucciones de Patrimonio, que ahora, de forma imprevista, ha cambiado de criterio y ha solicitado un nuevo proyecto", según ha informado en una nota recogida por Europa Press.

El requerimiento solicita a la comisión que anule el acuerdo para dejarlo sin efecto y declare suficiente el informe técnico de excavación arqueológica preventiva en extensión en Lancia o, subsidiariamente, concrete en qué debe completarse dicho informe y especifique las medidas correctoras, su objeto y su extensión física y temporal, así como el objeto y finalidad del proyecto específico que se menciona.

El documento, enviado por la Demarcación de Carreteras a la comisión el pasado 26 de mayo, enumera todos los pasos administrativos que ha seguido la planificación y construcción de esta infraestructura y las medidas de protección de los restos de Lancia que se han tomado según las indicaciones de las autoridades competentes en patrimonio.

Al respecto, se concreta que toda la tramitación administrativa ha estado orientada al planteamiento y ejecución de una serie de medidas "correctoras y compensatorias para minimizar la afección a Lancia, en cumplimiento tanto de la Declaración de Impacto Ambiental como de la resolución de aprobación de estudio informativo que, a su vez, recogían las prescripciones del informe de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y de los sucesivos acuerdos de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León".

Informe favorable de patrimonio

El documento recuerda que la obra se inició en base al acuerdo de Patrimonio de 8 de febrero de 2008, en el que se informaba favorablemente de las obras de construcción en el ámbito de delimitación de la zona arqueológica de Lancia.

El texto reitera que las condiciones impuestas en el acuerdo de autorización han sido "escrupulosamente acatadas" por la Demarcación de Carreteras e informa de que el Ministerio de Fomento ha destinado ya 1.734.975 euros a los trabajos arqueológicos que han sido indicados por las autoridades competentes, cuando el presupuesto inicial para estas actuaciones era de 46.631 euros.

El texto se refiere además al cambio de criterio de Patrimonio y apunta que se requirió una intervención arqueológica dirigida a obtener medidas de protección y, finalmente, se solicitan nuevas medidas correctoras de tal envergadura que son "incompatibles" con la obra ya autorizada. "De forma absolutamente imprevista, se solicita un nuevo proyecto específico que además deberá ser sometido a nueva autorización", puntualiza.

Elementos arqueológicos

De la misma forma, el documento constata que "la nula motivación" de la resolución "no permite conocer cuáles y por qué los elementos arqueológicos hallados durante la construcción son de tal interés que no son suficientes las medidas de protección propuestas", cuando, por otra parte, se da una "sensible coincidencia" entre las nociones de los posibles hallazgos que se tenían antes de iniciar la obra y lo que finalmente se ha encontrado en las "extensas y significativas" excavaciones realizadas.

"La falta de motivación incurre en una indefinición inadmisible", señala y añade que la Demarcación atiende desde hace tres años "todos los requerimientos" y ha presentado un informe "exhaustivo y completo" de las intervenciones arqueológicas realizadas conforme a los criterios marcados.

Posteriormente, se detallan los sobrecostes que supondría para el Estado atender al acuerdo de Patrimonio y se recuerda que la autovía no es una obra en fase de proyecto, sino una obra pública en fase de ejecución. Dicha ejecución se inició "una vez obtenida la autorización" de las autoridades competentes en materia de Patrimonio, por lo que éstas "habrán de admitir su grado de responsabilidad en la paralización de las obras y su aportación económica para la ejecución de una intervención arqueológica completa".

Incremento de costes

La adopción de nuevas medidas correctoras no contempladas en el proyecto vigente supone "una paralización de las obras e implica un incremento de costes de construcción, no sólo derivados del coste de esas nuevas medidas correctoras, sino también de la necesidad de establecer una nueva planificación para el resto de la obra".

En cuanto al retraso que supondría una posible modificación del trazado, si es que ésta fuera técnica y económicamente posible, el documento recuerda que se requeriría la iniciación de un nuevo expediente de información pública y de un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuya tramitación supone "importantes" plazos que pudieran hacer necesaria, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión o rescisión del contrato de obras de esta infraestructura de interés general.

Por último, la Demarcación ha solicitado a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, a efectos probatorios, el expediente completo, los acuerdos de las ponencias técnicas y los informes de los servicios de arqueología sobre esta cuestión.