El delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, ha subrayado que el Gobierno de España "no tiene ninguna deuda" con la Xunta de Galicia respecto al Fondo de Competitividad incluido en el Sistema de Financiación Autonómica, "lo que no se puede decir a la inversa", y ha recomendado a la conselleira "más prudencia y más rigor, evitando la búsqueda de pretextos que exculpen su propia gestión".

Ante las afirmaciones de la conselleira de Facenda de la Xunta, Marta Fernández Currás, y de otros responsables del Ejecutivo autonómico, el delegado del Gobierno recuerda al Gobierno gallego "que lo que tiene que hacer es actuar con responsabilidad en el cumplimiento del acuerdo marco de reducción de déficit público y de los objetivos concretos aprobados por todas las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

También le pide que "no eluda sus obligaciones y responsabilidades" con el objetivo de estabilidad económica "vertiendo acusaciones que no responden a la realidad". "Supeditar posibles incumplimientos del límite de déficit a una inexistente deuda con la Xunta es un ejemplo más del oportunismo y de la actitud victimista que está adoptando el Ejecutivo gallego en la gestión de las cuentas de la comunidad y en cualquier otra área en la que tenga que escamotear sus responsabilidades", ha criticado.

Cortizo ha aclarado que el actual sistema de financiación aprobado por las Cortes Generales y aceptado por todas las CC.AA. en 2009, incorpora dos fondos para compensar los desniveles que pudieran producirse entre autonomías: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. "El Fondo de Competitividad, al que aluden las acusaciones de la Xunta, compensa a las comunidades a las que el Sistema, tal y como está establecido, aporta menos recursos por habitante que la media", expone.

"lógica presupuestarias"

"Por lógica presupuestaria, pero también porque así lo establece la norma legal, hasta que no se liquida cada ejercicio (de ingresos y gastos), no se puede saber cuánto de uno u otro Fondo hay que utilizar para compensar a las Comunidades. Y esa liquidación se hace dos años después de cada ejercicio, por lo que la liquidación del año 2011 corresponde hacerla en el 2013", manifiesta.

En este año 2011, según explica, el modelo de financiación "está aplicándose plena e íntegramente" y la ley "no permite ya efectuar anticipos, que corresponderían a una liquidación que debe hacerse en 2013". "Esta realidad es conocida por todas las Comunidades Autónomas desde septiembre del año pasado", ha apostillado.

Por ello, el delegado del Gobierno reitera "que no es cierto" que el Gobierno de España adeude cantidades a la Xunta de Galicia "por lo que es irresponsable que se reclamen estas cifras y, más aún, vincular la estabilidad presupuestaria de Galicia a una falacia que, por más que se repita, sigue careciendo de fundamento de ningún tipo", asevera.

"La única deuda, sin entrar, por decoro, en las que mantiene la Xunta de Galicia, que sí es morosa con el Estado, es la de la pretendida lealtad institucional de la que presume la conselleira, como mejor aval de una acusación irresponsable, desleal e inexacta", sentencia el delegado.