La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga una posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, un nuevo escrito en el que reclama que sea recabada información en cuanto al "cargo, funciones e intervenciones" del actual diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz en las subvenciones concedidas a la sociedad anónima laboral 'Saldauto' para su reestrucuración. El Ministerio Público pide además a la juez Mercedes Alaya que requiera abundante documentación sobre las ayudas libradas para esta sociedad anónima laboral, toda vez que en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por 'Saldauto' han sido detectadas tres prejubilaciones fraudulentas.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

El "fondo de reptiles"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

En este marco, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha elevado a la juez Mercedes Alaya un nuevo escrito fechado este día 2 de junio para solicitar la práctica de una serie de diligencias. En este documento, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide a la juez que, a su vez, requiera a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía la entrega "ordenada y sistemática" de la "relación individualizada" de convenios o "documentos de soporte de pagos" suscritos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), precisamente la institución surgida de la transformación del antiguo IFA, en aplicación de un determinado acuerdo de encomienda.

Documentos del ere de saldauto

Y es que entre la documentación relativa a las pólizas de seguro de rentas financiadas por la Administración autonómica en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por 'Saldauto', se hace alusión, según la Fiscalía, a un "acuerdo de encomienda con IDEA para la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales" que, formalizado en una orden fechada el 27 de abril de 2010, "viene a reemplazar" el acuerdo inicial suscrito en 2001 entre el antiguo IFA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por el imputado Francisco Javier Guerrero.

La Fiscalía, asimismo, reclama a la juez que requiera a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social la relación de "cada una de las entidades beneficiarias de los importes recogidos en los convenios reseñados", así como cualquier documento que "recoja el supuesto compromiso de pago de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social" con relación al citado acuerdo de encomienda con IDEA. En cuanto a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Fiscalía pide al juzgado que le sea reclamada una "relación individualizada" de convenios suscritos o documentos relativos a pagos en aplicación siempre del citado acuerdo de encomienda.

Las ayudas de saldauto y ramón díaz

Igualmente, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada profundiza en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a la sociedad anónima laboral 'Saldauto' y pide a la juez que, a su vez, requiera a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo información en cuanto a la "existencia o no de resolución, protocolo o acuerdo de ayudas concedidas por la Dirección General" de Trabajo a dicha compañía, tanto merced al acuerdo firmado en 2001 con el antiguo IFA, como en función al mencionado "acuerdo de encomienda" suscrito en abril de 2010 con la Agencia IDEA.

Reclama además la "identificación de las personas que participan" en una reunión celebrada el 29 de noviembre de 2007 y solicita a la juez que, de su lado, pida a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo un "informe" sobre "la filiación, cargo, funciones e intervenciones sobre quien es identificado como Ramón Díaz" en lo que se refiere a la documentación investigada sobre las subvenciones concedidas a la sociedad anónima laboral 'Saldauto'.

La declaración de guerrero

Como se recordará, Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social e imputado en estas diligencias, había manifestado a los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial el pasado 11 de marzo que tanto él mismo, como Ramón Díaz Alcaraz en calidad de su "asesor", "negociaron" con 'Saldauto' aquel expediente de regulación de empleo. Entre las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones del procedimiento han sido descubiertos tres beneficiarios que no pertenecen a la plantilla, extremo del que se han desligado tanto Guerrero como Ramón Díaz.

De cualquier modo, el Ministerio Público solicita además información acerca de subvenciones por valor de al menos 750.664,59 euros concedidas en favor de 'Saldauto', así como de Antonio G.P., Rafael R.F. y Francisco de Paula H.D.; los tres supuestos 'intrusos' de este expediente de regulación de empleo al figurar como beneficiarios de pólizas de seguro de rentas pese a no haber formado parte de la plantilla.