Sogama destaca que respeta la presunción de inocencia de los imputados y señala que se ha personado en el procedimiento

La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) ha destacado que respeta la presunción de inocencia de los dos trabajadores imputados por un supuesto delito de tráfico de influencias, Ángel Javier Costal y Ramón Pérez Mariño, al tiempo que ha explicado que se ha personado en el procedimiento.

La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) ha destacado que respeta la presunción de inocencia de los dos trabajadores imputados por un supuesto delito de tráfico de influencias, Ángel Javier Costal y Ramón Pérez Mariño, al tiempo que ha explicado que se ha personado en el procedimiento.

En un comunicado, Sogama ratifica, como ha dicho el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que interrumpirá la participación de los dos imputados en los procesos de adjudicación que lleve a cabo la entidad "mientras no se resuelva el proceso judicial abierto".

"Los procesos de contratación investigados en el sumario se realizaron en todo momento, atendiendo, de forma rigurosa, a las pautas establecidas en la Ley de contratos del sector público, adjudicando los servicios a las ofertas más ventajosas, tanto desde el punto de vista técnico como económico", ha puntualizado.

Además, ha apuntado que esta causa se configura "como una pieza separada de la investigación abierta en la etapa del bipartito" con motivo del vertido al río Lengüelle, en octubre de 2008, que "ocasionó la mortandad de miles de truchas", recuerda.

La sociedad está personada en el procedimiento, según ha recalcado, y se ha puesto a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación de los hechos denunciados y "facilitar cuanta información le sea solicitada en este sentido". PLAZAS

Con todo, ha aclarado que las dos personas imputadas por parte de la empresa "no son ni fueron en ningún momento altos cargos ni directivos" sino que "ocupan las plazas ganadas en el marco del correspondiente concurso-oposición".

En este proceso, las pesquisas iniciales por un supuesto delito medioambiental llevaron a presuntas irregularidades en las adjudicaciones, lo que originó que se abriera una pieza separada en el proceso judicial.

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