La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de una testigo china que, durante su declaración ante la jueza instructora del caso Peaje, ha manifestado que desde 2004 ha donado en distintas divisas hasta 300.000 euros para la construcción de un templo de meditación levantado en Búger y que según las investigaciones se trata de un chalet unifamiliar construido con fondos públicos. El Ministerio Público considera que la mujer habría incurrido en un delito contra el control de cambios.

Durante su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, la testigo, representante en Taiwan de la asociación Pachi Tanglang -cuyos socios defienden haber realizado aportaciones para levantar la edificación de filosofía oriental-, ha explicado que ha ido realizando donaciones de dinero en cada viaje que ha realizado por Holanda, Bélgica y Palma, y que las efectuaba en efectivo ya que cada miembro del grupo con el que viajaba llevaba encima unos 10.000 euros.

Ante la estupefacción del fiscal Miguel Ángel Subirán, Morita Tetsuji, quien ha comparecido asistida por una intérprete de chino, ha defendido que prefería abonar el dinero en metálico que por transferencia bancaria y ha señalado que la cantidad que ha donado hasta el momento se eleva a entre 250.000 y 300.000 euros, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Por su parte, otro miembro de la asociación que reside en Holanda ha manifestado ante la magistrada y el fiscal haber abonado unos 50.000 euros para construir el templo, que de acuerdo a las pesquisas fue levantado con fondos públicos destinados por el Consell de Mallorca a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

Ambos testigos han declarado a propuesta de la defensa del ex ingeniero jefe de Carreteras Francisco Orejudo, compañero sentimental de la propietaria del terreno donde se levantó la construcción, Mónica Florit, asistidos por el letrado Gabriel Garcías. Ambos imputados defienden que se trata de un templo edificado gracias a las donaciones de los socios de Pachi Tanglang, cuyo importe ascendería a unos 300.000 euros.

Sin embargo, no son los únicos citados a declarar por estos hechos, en el marco de los cuales la jueza acordó una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros para Orejudo, Florit y otros tres imputados del caso, que a nivel global investiga si durante la ejecución del desdoblamiento de la antigua C-715 se desviaron para uso particular fondos públicos y materiales destinados a estos trabajos.

La magistrada impuso también esta caución, acordada a petición de Fiscalía -que solicitaba un millón de euros- a los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell y al jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento, Javier Navarro. (

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