La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón ha recomendado al Ayuntamiento de Logroño que exija con rigor los elementos necesarios para garantizar la viabilidad del Plan Parcial del 'Camino de Fuenmayor' y asegurar su correcta ejecución.

De esta manera, María Bueyo Díez Jalón destaca que "es preciso comprobar si existen los medios económicos o, en su caso, las fuentes de financiación adecuadas para llevarlo a efecto; pues, en caso contrario, se verían perjudicados los derechos de los ciudadanos afectados por las obligaciones de pago que pesarían sobre ellos".

La Defensora se reunirá próximamente con la nueva alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, para informarle sobre éste y otros asuntos pendientes, y para establecer vías de colaboración con el nuevo gobierno municipal.

ANTECEDENTES

Más de 50 pequeños propietarios de fincas del Camino de Fuenmayor acudieron a la Defensora del Pueblo Riojano el pasado mes de enero, solicitando su ayuda ante la falta de información por parte del Ayuntamiento de Logroño sobre la tramitación del Plan Parcial de urbanización de la zona.

La queja se debe a que, si se aprueba definitivamente el Plan, todos los propietarios estarían obligados a financiar los costes de la urbanización, pese a que la iniciativa privada que lo promueve no representa a la mayoría de los propietarios de la zona y que, dada la situación actual del mercado inmobiliario, parece difícil recuperar las inversiones.

Además, algunas de las empresas promotoras se encuentran en concurso de acreedores y otras han desaparecido, por lo que los afectados temen que no se disponga de los recursos económicos para ejecutar el Plan.

En estas circunstancias, y sin estar formalmente constituida la Junta de Compensación, los promotores han estado exigiendo el pago de derramas -con un importe de 0,60 euros por metro cuadrado- a los pequeños propietarios a través de cartas enviadas a sus domicilios.

La Defensora del Pueblo Riojano admitió la queja a trámite y procedió al estudio de los informes municipales y la normativa urbanística correspondiente. Durante la investigación del caso, la Defensoría constató que: existen dudas evidentes sobre la viabilidad económica y técnica del Plan, y sobre la solvencia de las empresas promotoras, que el presupuesto estimado no recoge todas las necesidades de la urbanización y que la entidad promotora no representa a la mayoría de propietarios necesaria para constituir la Junta de Compensación.

Además, también constató que algunas de las empresas promotoras han desaparecido o se encuentran en situación de concurso, que el Plan pretende obtener financiación a través de créditos concedidos por entidades financieras, pero sin contar con ningún compromiso por parte alguna de estas entidades, que la entidad promotora, sin estar formalmente acreditada, está pasando derramas (no firmadas) relativas a los gastos de redacción del proyecto, lo que provoca más dudas sobre su solvencia.

Así, prosiguen, aún no se ha realizado el necesario informe de sostenibilidad para comprobar que, una vez realizada la urbanización, el Ayuntamiento puede asumir el coste de su mantenimiento y tampoco se han realizado otros informes técnicos, entre los que destaca el de inundabilidad por la situación del sector.

Además, en la zona existen numerosas viviendas sin vender, así como parcelas ya urbanizadas que no se han llegado a ejecutar. Esto hace pensar que, con el estancamiento actual del mercado inmobiliario, no debe darse por supuesto que la inversión será rentable sin un estudio más profundo. Finalmente, la falta de viabilidad económica para la ejecución del Plan supondría un claro perjuicio para los derechos de los propietarios afectados, dadas las obligaciones de pago que pesarían sobre ellos.

Resolución de la defensora

Tras evaluar todo lo anterior, la Defensora ha recomendado al Ayuntamiento de Logroño que exija con rigor todos los elementos necesarios para garantizar la viabilidad económica del Plan y asegurar su correcta ejecución, especialmente en lo relativo a la comprobación de la existencia de medios económicos o, en su caso, fuentes de financiación adecuadas para llevarlo a efecto.

En cuanto a la exigencia del pago de derramas, la Defensora considera que, aunque no existe responsabilidad del Ayuntamiento, sí tiene el deber de informar a los propietarios de sus derechos y obligaciones.

En la resolución se indica a los afectados que, en el momento actual y hasta que no se constituya legalmente la Junta de Compensación -mediante acuerdo de los propietarios que representen más del 50 por ciento de la superficie afectada por el Plan-, no tienen obligación de pagar, ni puede ponerse en marcha el procedimiento de apremio sobre sus patrimonios en caso de impago.