La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH) ha exigido la paralización de los desahucios y subastas de viviendas hipotecadas y han amenazado con movilizarse contra los bancos, a los que acusan de dejar cada día en la calle a cuatro o cinco familias porque no pueden hacer frente a los pagos.

Las ejecuciones hipotecarias, por las que las familias pierden su vivienda, aumentaron un 11,2% durante el último trimestre de 2010, desde los 250.000 procesos entre enero de 2007 y septiembre de 2010 a los 278.000 al cierre del pasado año. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los afectados por los embargos podrían alcanzar el millón.

La PAH está formada por un grupo de afectados cuyas viviendas se encuentran en fase de ejecución hipotecaria y que corren el riesgo de ser desahuciados en los próximos meses. Según Aída Quinatoa, portavoz de esta plataforma, el año pasado hubo unas 8.000 familias que perdieron su vivienda en la Comunidad de Madrid por no haber podido hacer frente al pago de las hipotecas que habían firmado.

Los afectados reconocen "su parte de responsabilidad" al haber asumido un compromiso económico que a día de hoy no pueden mantener, pero también se quejan de que los bancos les facilitaran en su momento unos créditos hipotecarios a sabiendas de que no eran personas solventes y de que tenían ingresos bajos.

Denuncian  asimismo que las entidades bancarias han "sobrevalorado" los pisos, aumentando la deuda contraída, que cobran "comisiones abusivas", que obligan a contratar seguros caros e "inútiles" y que cobran intereses "desorbitados", proporcionando además una información "sesgada" al cliente y todo ello con el único objetivo de "optimizar beneficios".

Se quejan también de que las familias que pierden su casa deben seguir pagando el crédito y aseguran la moratoria ICO del Estado agrava más el problema, porque lo único que hace es "aumentar los intereses".

La PAH hace responsable de esta situación a los bancos pero sobre todo a la administración, a la que acusa de haber favorecido la vivienda en propiedad en detrimento del alquiler y de promover las hipotecas de hasta 50 años "empujando a miles de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para poder tener una casa".

Para acabar con esta situación, la Plataforma ha exigido a la administración que las viviendas hipotecadas que se utilicen como primera residencia se conviertan en viviendas públicas de alquiler social, para que las familias desahuciadas que pierdan la propiedad de su casa puedan permanecer en ella como inquilinos.

Reclaman además la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la deuda quede liquidada y exigen que se preste asistencia jurídica gratuita a quienes se enfrentan a un proceso de ejecución hipotecaria.

La PAH, que está representada por alguno de sus miembros en la acampada de "indignados" en la Puerta del Sol, ha solicitado a la administración la "apertura de los cauces de diálogo necesarios" para solventar el problema y ha amenazado con convocar actos de protesta en los bancos y manifestaciones si sus reivindicaciones no son atendidas.