El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) demanda "celeridad y agilidad" en las resoluciones que adopte el equipo de administradores de Clesa, con el objetivo de "poner fin" a la situación de "los directamente afectados" en Galicia, 123 empleados de la planta de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra).

Los hace tras conocer el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, emitido este lunes, que aparta de la gestión a la familia Ruiz Mateos y nombra al frente de la gestión a un grupo constituido por un letrado, un auditor y un representante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Además, la central insta al conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra —quien asumió temporalmente la dirección del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)— a "agilizar y ejecutar de una vez por todas" el aval "comprometido" a empresas primeras compradoras de leche afectadas por la quiebra de Clesa, propiedad del grupo Nueva Rumasa.

La organización agraria reitera la petición de "una solución para este problema", que en la actualidad sufren tres compañías que en la práctica funcionaban como intermediarias entre Clesa y unas 300 explotaciones ganaderas de la comunidad.

CASI 4

Millones de deuda

Recuerda que la deuda contraída por la empresa láctea en la comunidad —con un total de seis empresas primeras compradoras— asciende a casi 4 millones de euros y destaca que el Igape se comprometió a avalar el 50 por ciento de las operaciones financieras de tres de ellas.

En concreto, se trata de Lácteos Tambre, Lácteos Pérez y Lácteos Terra de Montes, que precisan una inversión de unos 800.000 euros, según apunta el sindicato.