El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la fianza de responsabildad civil de 1,6 millones de euros que pesa sobre el ex presidente del Govern, Jaume Matas, y que le fue impuesta en el marco de la pieza del caso Palma Arena que investiga la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava para realizar el anteproyecto de la Ópera de Palma, que costó 1,2 millones de euros a las arcas del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha acordado la máxima instancia judicial de las islas, que ha desestimado el recurso de apelación que interpuso el principal imputado de la causa contra la caución que decretó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el marco de la pieza número 3 de las 26 que integran la causa. Precisamente, el magistrado ya confirmó en primera instancia la fianza al insistir en la participación delictiva de Matas en estos hechos.

Cabe recordar que Castro impuso la fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos derivados de la contratación de Calatrava, cantidad que solicitaron mediante un escrito en el que las acusaciones apuntaban a que Matas, durante la tramitación del expediente de contratación, habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Sin embargo, la defensa de Matas negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

Frente a ello, Castro manifestó en su auto que "se da por supuesto que no descendió a pie de obra, faltaría más, pero existen sobrados indicios de que marcó las directrices" a fin de disponer de los servicios del ingeniero.

Tanto es así que, según el instructor del caso Palma Arena, el ex jefe del Ejecutivo autonómico dio instrucciones al entonces conseller de Educación, Francesc Fiol -también imputado-, para que se ultimara la tramitación del expediente de contratación "a costa de lo que fuera, incluida la falta de respeto a la Ley y a la realidad, al sólo objeto de que se resolviera a favor de la persona ya decidida y para que ésta fuera electoralmente utilizada sin importarle que el erario público pagara por ello".

El instructor insistía en que los términos de la contratación de Calatrava ya estaban decididos antes de que se materializase, según se desprende de la declaración vertida por los demás imputados de esta pieza de la causa.

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