La Fiscalía Anticorrupción subraya, en su escrito de acusación de 418 páginas que ha presentado en el marco del caso Scala, que "absolutamente" todos los expedientes de contratación tramitados durante la pasada legislatura del PP por el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) fueron simulados a fin de que los fondos de esta empresa pública finalizasen en las cuentas del entonces conseller Josep Joan Cardona y otros acusados que se vieron beneficiados de esta presunta trama.

En un contundente escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público afirma, en base al análisis de los 133 contratos impulsados por el Consorcio y de las numerosas facturas halladas sin justificación alguna que las ampare, que los expedientes de contratación fueron la pieza "fundamental" del "engranaje" ideado por los imputados para lucrarse y tienen su origen "en un acto ilegal y arbitrario" efectuado al margen de la Ley.

"No se trata de meras irregularidades, sino de infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas que entran en plena contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de la administración e incurriendo en una ilegalidad voluntaria", llega a incidir la acusación pública, que solicita para los 18 acusados de esta causa un total de 115 años y medio de prisión así como elevadas indemnizaciones. Las penas de cárcel más elevadas las pide para Cardona, ex conseller de Comercio, Industria y Energía (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).

Tal y como asevera el escrito, al que se ha adherido la Abogacía de la Comunidad Autónoma como acusación particular, en todos los expedientes de contratación es Cardona quien acuerda su inicio y quien resuelve la adjudicación a determinadas empresas, que habían sido creadas al efecto y que eran controladas por los principales acusados a través de presuntos testaferros, mientras que la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, es quien coordina la tramitación burocrática del expediente.

Un complejo entramado del que, de acuerdo a las investigaciones, se sirvieron para desviar más de siete millones de euros de las arcas públicas. Y es que con su conducta los imputados consiguieron que más de 3,7 millones de euros públicos fuesen desviados para su beneficio privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros 3,3 millones. Asimismo, habrían obtenido el cobro de más de 1,2 millones de euros en concepto de comisiones que los proveedores del CDEIB se vieron obligados a pagar por su contratación.

Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau sostienen que las irregularidades cometidas se hacían patentes cuando de forma constante se utilizaba el procedimiento negociado sin publicidad para contratos superiores a 30.000 euros; se empleaba el mismo sistema para cantidades inferiores y con la presentación de propuestas amañadas; y se hacía uso del procedimiento de urgencia para contratar la realización de estudios como 'La moda en China: luces y sombras' o 'Superará India a China'. "Máxime cuando son meras copias de artículos publicados en páginas web por autores desconocidos y de acceso gratuito", precisan. CARDONA,

Viaene y ordinas,

"perfectamente conocedores" de la ley

De forma paralela, postulan que en un elevado número de ocasiones se abonó una factura por un servicio contratado "sin que se haya realizado dicho servicio", y destacan en este contexto que Cardona -sobre quien pesa en esta causa una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros-, Viaene y Ordinas eran "perfectamente conocedores" de los procedimientos de contratación regulados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Actuaciones que, según el Ministerio Público, requerían una cantidad de fondos económicos tales que el presupuesto anual del que disponía del CDEIB resultaba "notablemente insuficiente", lo que provocó la inyección constante de fondos procedentes de la Conselleria de Comercio o de organismos dependientes en base a una decisión "puramente política"; que se acudiese a un préstamo bancario por importe de cuatro millones de euros; y la contratación de "numerosísimos" servicios sin la dotación financiera correspondiente.

Pero para ello, el primer paso para que Cardona pudiera liderar esta trama y, junto a Viaene y Ordinas, apoderarse de los fondos públicos, fue la creación de una estructura jerárquica que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB a todas las ferias y eventos posibles así como contratar cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público. Todo ello empleando todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido, de acuerdo a las pesquisas.

Los fiscales explican de forma pormenorizada todas las actuaciones presuntamente irregulares efectuadas por los acusados, entre ellas cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitiéndolas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los empresarios Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.

La Fiscalía relata asimismo cómo se llevó a cabo, con cargo a los fondos del CDEIB, el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

Solicita prisión para todos los acusados

Cabe señalar que, además de Cardona y Viaene, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, pide 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En concreto, sobre Cardona, principal imputado en esta causa, pesan los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración.

Cabe recordar que la pasada semana la jueza instructora del caso Scala, Piedad Marín, acordó una fianza civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, y de la que también deben responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exigía 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas debe prestar otros 23.473 euros.