La Consejería de Salud no ha facilitado al Grupo Popular en el Parlamento andaluz la información que había solicitado sobre el tiempo que estuvieron en lista de espera los etarras Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarsolo, integrantes del 'comando Barcelona' que asesinó al socialista Ernest Lluch y que cumplen condena en la cárcel de Alcolea, hasta que se autorizó su tratamiento de fecundación 'in vitro' en el Hospital Reina Sofía de Córdoba por tratarse de "datos de carácter personal" para cuya difusión "se requiere contar con el consentimiento expreso de los titulares de los datos".

Así lo asegura la titular de este departamento, María Jesús Montero, en una respuesta parlamentaria de la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, Ana María Corredera, que se interesaba por conocer el "tiempo que han estado en lista de espera" los etarras García Jodrá y Bengoa Ziarsolo "antes de recibir la autorización para someterse a la fecundación in vitro", así como sobre el "coste económico que va a tener dicho tratamiento".

En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Montero precisa en primer lugar que "el sistema sanitario público de Andalucía presta asistencia sanitaria a personas internadas en establecimientos penitenciarios de acuerdo con lo establecido en el Convenio Marco de colaboración, firmado en 1995, con la Administración penitenciaria, dependiente del Ministerio del Interior, y a solicitud de los responsables sanitarios de dichos centros".

Respecto al tiempo que los etarras han estado en lista de espera, la consejera indica que, al tratarse de "datos de carácter personal relacionados con la salud de dos personas concretas e identificadas", la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal establece que "se requiere contar con el consentimiento expreso de los titulares de los datos", con la excepción de que la comunicación tenga por "destinatarios al Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas", lo que no ocurre en este caso.

Coste "difícil de concretar"

En cuanto al coste en tratamientos similares, Montero tampoco aporta datos concretos y se limita a señalar en su respuesta que "está en función de las necesidades de medicación y de la técnica que se requiera, y éstas son muy variables y por lo tanto difícil de concretar".

Por contra, la titular de Salud sí responde con precisión a otras dos cuestiones por las que se interesaba la diputada del PP-A: "cuántas personas hay en lista de espera en Andalucía en estos momentos para someterse a un tratamiento similar" y "cuál es el tiempo medio de respuesta de la Administración andaluza para estos tratamientos".

Según Montero, la lista de espera para este tipo de tratamientos en Andalucía se cifraba en 2.106 personas a final de enero, mientras que el el tiempo medio de respuesta se sitúa en 291 días. En la provincia de Córdoba hay registrados 182 pacientes con una media de 225 días de espera.

Sin "trato de favor"

La Consejería de Salud ya negó hace un año que hubiera existido "trato de favor alguno" a la pareja de etarras Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarsolo que desea someterse a un tratamiento de fecundación 'in vitro' en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y aclaró que esta petición fue "derivada por Instituciones Penitenciarias" y que "esta pareja ha aguardado en todo momento la lista de espera" que hay en el centro hospitalario para estas intervenciones.

Según explicó entonces el departamento que dirige María Jesús Montero, "esta pareja que ha llegado al Hospital Reina Sofía por una solicitud de Instituciones Penitenciarias, organismo encargado de la atención sanitaria de la población reclusa, ha seguido todos los cauces y plazos en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía y en ningún momento se ha prestado trato de favor alguno, ni se ha priorizado su demanda, ni se han acortado los plazos para un tratamiento de fecundación en este hospital".

Junto a ello, Salud resaltó que este tratamiento "se presta en virtud de un convenio marco de colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucía y la administración central que se firmó en el año 1995, cuando gobernaba el PP" y recuerda que "ni la administración autonómica ni los profesionales del sistema sanitario público andaluz pueden autorizar o negar la prestación asistencial solicitada para la población reclusa desde Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior y regulada por este convenio anteriormente citado y que es idéntico para el resto de las comunidades autónomas".

Por último, la Consejería subrayó entonces que, "en este caso, como en el resto de antecedentes de España, la solicitud ha sido directamente derivada por Instituciones Penitenciarias, no teniendo competencias algunas la comunidad autónoma en este sentido, según establece la normativa vigente", recogido en el Reglamento Penitenciario y el convenio marco de colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucía y la Administración Central.