Pide que se investigue el cargo que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ocupó en la empresa González Byass Exige "comprobar" si el exsecretario de Política Municipal del PSOE de Camas José Antonio García aparece incluido en dos pólizas

La juez de Sevilla que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones ha dado un plazo de cinco días a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que remita copia compulsada de los expedientes "auténticos" relativos a los ERE y ayudas sociolaborales de 67 empresas que están siendo investigados.

En un auto de 13 páginas, fechado el 17 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, critica que la documentación remitida —los expedientes relativos a estos 67 ERE y ayudas sociolaborales— por el departamento de Manuel Recio, "en las condiciones en las que ha sido enviada al Juzgado, resulta cuanto menos inaudita, pues la misma, además de incompleta, carece del menor orden lógico o cronológico".

Al hilo de ello, la juez instructora dice que tales "expedientes" son "un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos, realmente impropios de cualquier órgano de la Administración", donde, según prosigue, "existe siempre un 'iter' en la tramitación de cualquier asunto, tanto más esperable en expedientes donde se otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias".

Por ello, y debido a que todo lo anterior "hace que el estudio de dicha documentación sea enormemente complejo", requiere "nuevamente" a la Consejería de Empleo para que, en cinco días, "remita copia compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y tramitados, o en otro caso manifieste al Juzgado detalladamente las razones por las que las citadas actuaciones presentan el estado descrito".

No obstante lo anterior, "y como quiera que se continua con la investigación iniciada pese a las dificultades descritas", la juez pone de manifiesto que, "de los expedientes ya examinados, resulta la necesidad de practicar" una serie de diligencias "a fin de comprobar definitivamente los hallazgos obtenidos", en primer lugar en relación a la empresa Samec (Manufactura del Corcho).

Una misma persona incluida en dos pólizas

Así, requiere a la Policía Judicial para que confirme la inclusión como beneficiarios de una póliza suscrita con Apra Leven de Antonio Polonio Correa y del exsecretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla) y exconcejal en el Ayuntamiento camero José Antonio García Prieto, "los cuales no han trabajado nunca en dicha empresa, debiendo remitir los certificados individuales de adhesión". Así, insta a que "se compruebe si García Prieto es la misma persona que estaba incluida también en la póliza suscrita para la empresa Intersur y por la que cobraba 1.900 euros mensuales desde 2003".

Por otro lado, y respecto a la empresa González Byass, requiere a la Policía Judicial para que investigue el cargo o puesto que desempeñó en esta empresa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en esta causa, así como que se recabe la filiación del personal directivo que había en la empresa en 1981, "fecha en la que el exconsejero tuvo que pedir su excedencia", así como en 1982 y 1983. Pide también investigar si "existió solicitud de excedencia para el ejercicio de su cargo como profesor asociado en la Universidad de Cádiz en 1981 y si se solicitó voluntaria o forzosa".

Además, la juez Alaya interesa que se informe sobre "si hubo contestación de la empresa y recabar la misma", así como "si existió solicitud de excedencia forzosa en 1983 por parte del exconsejero a la empresa González Byass cuando pasó aquel a desempeñar el cargo de concejal del Ayuntamiento de Jerez". La juez también exige que se investigue "si han existido otras comunicaciones" por parte del exconsejero a la empresa "sobre la continuidad o la prórroga de su excedencia por nuevos cargos públicos y las contestaciones de la empresa".

Prejubilación de antonio fernández en gonzález byass

En esta línea, la instructora pide que "se informe sobre el criterio que sirvió de base para determinar la indemnización por prejubilación que sirvió de base del exconsejero, si fue por los años trabajados o por la antigüedad de la empresa, debiendo confirmarse la indemnización resultante".

De otro lado, y respecto a la comercial alimentaria Dhul S.L., la juez insta a la Policía Judicial para que confirme la inclusión de cinco "falsos" trabajadores —Miguel Castro, Ana María Moreno, Fernanda García, Carmelo Cruz y Ángeles Sierra, ésta última cuñada del exsindicalista de UGT Juan Lanzas— como beneficiarios de una póliza suscrita en 2002 con Personal Life, "debiendo investigar la Policía si Carmelo Cruz era el esposo o compañero sentimental de Ángeles Sierra y si Fernanda García, antigua trabajadora de Cárnicas Molina y luego empleada en el SAS, pertenecía al círculo de amistad o familiar de Lanzas".

En relación a esta misma empresa, pide que se informe sobre "qué ocurrió con el segundo ERE de Dhul", ya que "consta en la documentación remitida que este segundo ERE —o segunda fase— se solicitó el 27 de diciembre de 2006, y el consejero de Empleo lo deniega porque 'no se desarrollaban políticas de incentivos de prejubilaciones'". No obstante, "esta segunda fase sigue adelante y en febrero de 2007 aparece un listado definitivo de los 98 trabajadores afectados por el ERE, habiéndose celebrado acta final del periodo de consultas". Por ello, "deberá investigarse si este ERE o esta segunda fase fue definitivamente aprobada y si existió alguna póliza que cubriera las prejubilaciones".

Por último, y en relación a la empresa Matadero Fuente Obejuna, la juez instructora requiere a la Policía Judicial para que "confirme la inclusión como beneficiarios de tres falsos trabajadores en la póliza suscrita con Personal Life en julio de 2002 para 23 beneficiarios".