La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años y medio de prisión para los 18 acusados del caso Scala, contra quienes la jueza instructora ya ha abierto juicio oral para que puedan ser juzgados por el presunto desvío de unos siete millones de euros a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la pasada legislatura del PP. Las penas de cárcel más elevadas las piden para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).

Así consta en el auto de apertura de juicio oral dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, y al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el Ministerio Público presentase su escrito de acusación, de unas 400 páginas, y el Govern se adhiriese a las peticiones de la acusación pública.

Además de Cardona y Viaene, las acusaciones reclaman 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En concreto, sobre Cardona, principal imputado en esta compleja causa, pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, mientras que la Fiscalía solicita el decomiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.

En su auto, que recoge las peticiones de Fiscalía y acusación particular, la magistrada acuerda una fianza de responsabilidad civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, los tres principales imputados de la causa, y de la que también deberán responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exige 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas deberá prestar otros 23.473 euros, bajo el apercibimiento de que se les embargarán los bienes que cubran estas cantidades en caso de no hacerles frente en un día.

Por su parte, en su escrito la Fiscalía reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas, principales acusados del caso. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.

Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

El pp recupera los 6.000

Euros que pagó para ser acusación popular

Cabe señalar que la jueza ha acordado asimismo mediante otro auto la devolución al PP de los 6.000 euros que la formación consignó en su día para poder ejercer la acción popular en este procedimiento, si bien finalmente decidió apartarse de la causa.

En el marco de estas pesquisas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

La Fiscalía ratifica así lo que ya detallaba al pedir el fin de la instrucción del caso, al apuntar al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detallaba la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.