El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves por unanimidad el decreto-ley que recoge las medidas y ayudas destinadas a la reparación de los daños causados por el terremoto que acaeció el pasado 11 de mayo en el municipio murciano de Lorca y que causó nueve muertos. A petición de IU y del PP, se ha acordado por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley con carácter de urgencia, lo que implica la posibilidad de modificar su contenido a través de enmiendas.

Todos los grupos parlamentarios han votado a favor del decreto-ley y han destacado la "rapidez" con la que fue elaborado, así como la "buena coordinación" entre administraciones, pero han coincidido en la necesidad de tramitarlo como proyecto de ley para que regule el protocolo de actuación y de ayudas en caso de que se produzcan en el futuro catástrofes de índole similar.

Así, el PP ha expresado, por medio de su diputada Pilar Barreiro, su satisfacción por el decreto-ley, pero ha puntualizado que, "debido a la urgencia con que se realizó, tiene algunas ausencias y necesita concreciones respecto a algunas medidas", por lo que ha apuntado la necesidad de crear una ley "que ampare la situación de los lorquinos".

Por su parte, el portavoz del grupo ERC-IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha incidido en esa misma necesidad porque considera "insuficientes" algunas de las ayudas que desgrana. Asimismo, ha solicitado la creación de una comisión mixta para abordar la restauración del patrimonio histórico de Lorca y ha instado a revisar el mapa de riesgo sísmico de España, así como la vulnerabilidad de las centrales nucleares ante casos como este.

Corregir la premura

En una línea similar se han expresado tanto CIU como el PNV, quienes han aplaudido la respuesta "rápida y bien coordinada" de las administraciones públicas, pero han solicitado que, sin la "premura" que requería este texto, se cree "un marco legal de reacción" a estas situaciones que sea "de mayor utilidad" que el Real Decreto 307/2005, que actualmente regula estos supuestos.

Así, el nacionalista vasco José Ramón Beloki ha indicado que este decreto ley requiere "una revisión muy a fondo porque ya no vale para estas situaciones", mientras que para la catalana Merce Pigem el caso de Lorca ha constatado la "inadecuación de las reglas" que establece el mismo, que "resultan inaplicables".

Aunque el Grupo Socialista se ha mostrado favorable a la tramitación del texto como proyecto de ley, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido a los grupos en su exposición que "cuanto antes estén las normas en vigor, mejor", y les ha pedido que consideren "aquellas que ya estén en funcionamiento como tales, para evitar que tramitaciones de enmiendas den al traste con la voluntad de las tres administraciones públicas". AYUDAS

El decreto-ley, que ya está en vigor, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 13 de mayo, dos días después del seísmo, y ha sido presentado por el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha recordado que para su elaboración han participado conjuntamente trece ministerios y se han realizado consultas con el Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca.

Concretamente, el texto concede 18.000 euros a los familiares directos de las personas fallecidas y una cantidad idéntica se entregará en el supuesto de heridos con incapacidad absoluta y permanente, siendo el beneficiario de la ayuda la persona que así sea declarada.

En materia de vivienda, se entregarán ayudas a particulares por alquileres de viviendas, con un tope máximo de 6.671 euros al años, en el caso de que la vivienda habitual haya resultado totalmente destruida o haya sido precisa su demolición debido al mal estado en que hubiera quedado.

A sus ocupantes, si son propietarios, se les financiará el alquiler de una vivienda, y si se encontraban en régimen de alquiler, se les abonará la diferencia entre el anterior y el nuevo alquiler. Además, en el caso de que la reparación de la vivienda siniestrada exija su desalojo, también se financiarán los alquileres correspondientes, tanto si son propietarios como si son arrendatarios.

Esta financiación corresponderá al Ministerio del Interior, que abonará el 50 por ciento de las ayudas a particulares por alquileres y el otro 50 por ciento restante corresponderá a las Administraciones Públicas implicadas, es decir, el gobierno murciano y el Ayuntamiento de Lorca, según los acuerdos que alcancen.