Cinco testigos han asegurado ante la jueza instructora del caso Peaje que, como socios de la asociación Pachi Tanglang, destinaron entre 4.000 y 6.000 euros a la construcción de un templo de meditación situado en Búger, a pesar de que la Fiscalía sostiene que se trata de una vivienda unifamiliar aislada que habría sido levantada con fondos públicos destinados a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

En su comparecencia ante la magistrada, Miguel G.C., Baltasar M.L., Remedios A.C., Eva María O.C. y José Antonio B.P. han coincidido en asegurar que entre 2004 y 2008 destinaron unos 100 euros mensuales a levantar esta edificación, por lo que han rechazado que se produjese un desvío de dinero procedente del Consell de Mallorca a la construcción de un chalet, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Los cinco testigos han declarado a propuesta de la defensa del ex ingeniero jefe de Carreteras Francisco Orejudo, compañero sentimental de la propietaria del terreno donde se levantó la construcción, Mónica Florit, ambos asistidos por el letrado Gabriel Garcías. Los dos imputados defienden que se trata de un templo edificado gracias a las donaciones de los socios de Pachi Tanglang, cuyo importe ascendería a unos 300.000 euros.

Sin embargo, no son los únicos citados a declarar por estos hechos ya que el pasado día 11 compareció un matrimonio mallorquín que manifestó haber invertido entre 15.000 y 18.000 euros a la construcción, mientras que otros tres testigos han sido emplazados por la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, el 1 de junio para ser interrogados por esta edificación. Todos ellos son socios de la entidad Pachi Tanglang.

Cabe recordar que la jueza acordó una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros para Orejudo, Florit y otros tres imputados del caso, que a nivel global investiga si durante la ejecución del desdoblamiento de la antigua C-715 se desviaron para uso particular fondos públicos y materiales destinados a estos trabajos. La magistrada impuso también esta caución, acordada a petición de Fiscalía -que solicitaba un millón de euros- a los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell y al jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento, Javier Navarro.

La jueza apuntaba en su resolución a que estos cinco inculpados alcanzaron un "acuerdo" de cara a levantar con fondos públicos una vivienda unifamiliar, amparándose en un reciente peritaje que cifra el valor de la edificación en 699.087 euros, lo que hace "no creíbles" sus alegaciones, sobre todo "si se atiende a que las supuestas donaciones que han recibido para construirla, únicamente en metálico, han sido aportaciones de dinero muy importantes, sin que exista rastro contable alguno ni reflejo bancario a través de los correspondientes extractos".

Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la querella que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 ex altos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.