AMP.Condenado un miembro de EA por calumniar al ex jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

Le acusó de permitir a la empresa Artrasa la extracción de áridos en San Román de Hornija, pese a estar paralizada por el TSCyL

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha condenado por delito de calumnias al miembro del colectivo Ecologistas en Acción (EA) Gonzalo H.G, de 34 años y vecino de San Román de Hornija, que a finales de 2007 acusó al el ex jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, Francisco Javier M.J, de permitir la extracción de áridos en dicha localidad a la empresa Artrasa a pesar de la existencia de una sentencia del TSJCyL que exigía la paralización forzosa de todo el proyecto hasta que se resuelva el conflicto vía contencioso.

Así, el juzgador entiende que Gonzalo H.G, entonces presidente de la Asociación Cultura San Román, es autor de un delito de calumnias, agravado por la difusión periodística de las mismas, y resuelve imponerle el pago de una multa de 1.800 euros y la obligación de indemnizar al calumniado en la cantidad de 3.000 euros, así como que la presente sentencia se publique en los medios que se hicieron eco de la información, según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas.

Las imputaciones que el portavoz de EA realizó contra el representante de la Junta, a través de un escrito que redactó y publicó en Internet y remitió a distintos medios de comunicación, hacían referencia a un presunto delito de falsificación de documentos por parte del aludido, acusaciones que ahora el juez del caso considera "inveraces", no sustentadas en la más mínima prueba o indicio, antes al contrario, pues la documentación aportada pone de relieve la corrección de los documentos firmados por el ex jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Durante el juicio, el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el ex jefe de Medio Ambiente, coincidieron al considerar calumniosas las declaraciones del portavoz ecologista y, frente a la petición absolutoria de la defensa, solicitaron una condena de uno y dos años de prisión, respectivamente, así como el pago, por el mismo orden, de indemnizaciones por importe de 3.000 y 6.000 euros.

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