La investigación comenzó en octubre de 2009, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia en la provincia de Alicante de establecimientos de alimentación que tenían a la venta al público distintos tipos de medicamentos que, por estar fuera del canal farmacéutico y no contar con el control médico o farmacéutico, no disponían de autorización para estar a la venta.

Ante esto, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) comenzó a realizar las primeras gestiones para esclarecer los hechos y buscar la ubicación de estos establecimientos de alimentación, trabajo que dio resultado positivo a finales de 2009, cuando fueron localizados dos supermercados en unas urbanizaciones de Orihuela-Costa (Alicante) en los que se dispensaba estos envases, y donde 140 de ellos fueron intervenidos.

En primera instancia se procedió a formular la correspondiente acta por infracción y posteriormente se remitieron éstos para su análisis a los laboratorios de la Agencia Española de Medicamentos, con el fin de conocer la composición exacta de los mismos.

De este análisis, los laboratorios certificaron que dichos productos contenían entre sus ingredientes sustancias farmacológicamente activas y este hecho les confería la naturaleza de medicamento, por lo que su comercialización fuera del canal farmacéutico era absolutamente clandestina, y constituía un riesgo para la salud pública, además de ser vendidos sin receta médica y sin control de un médico o farmacéutico.

Dichos productos contenían como sustancias farmacológicas: paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, glycerol, guaifenesin, ipecacuana, lidocaina o aciclovir entre otras sustancias.

Por todo ello, se intensificaron los servicios al objeto de determinar la existencia de algún establecimiento de alimentación o almacén dedicados a la importación, distribución y dispensación de los productos en cuestión.

Tras varios meses de trabajo, la Guardia Civil logró localizar, entre los meses de marzo y abril de este año, dos almacenes, uno ubicado en la localidad alicantina de Rojales y otro en la de Polop de la Marina (Alicante), que se dedicaban, al parecer, a la importación y distribución de este tipo de medicamentos, así como otro supermercado en Villajoyosa (Alicante) donde se dispensaban al público dichos medicamentos sin el control de un médico o farmacéutico. Incluso, alguno de los establecimientos realizaba la importación directa de estos productos sin emplear la mediación de intermediario alguno.

Tras esta actuación se solicitó de nuevo la colaboración de los inspectores de farmacia y salud pública de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, para realizar la inspección de dichos establecimientos, con lo que se inmovilizaron un total 6.234 envases de medicamentos, cuyo valor podría rondaría los 24.000 euros.

De las gestiones practicadas se pudo saber que los establecimientos eran regentados por súbditos británicos y que su clientela eran mayoritariamente personas de esta misma nacionalidad.

Cinco imputados

Por todo ello, fueron imputadas, durante los meses de marzo y abril de este año, cinco personas de nacionalidad británica como presuntas autoras del delito contra la salud pública.

Tanto los medicamentos para consumo humano como los veterinarios, deben ser dispensados por un farmacéutico o bajo el control de un veterinario, circunstancia esta que no concurría en este caso, con el consiguiente riesgo para la salud pública.

Las diligencias instruidas en unión de las personas imputadas y medicamentos intervenidos, pasaron a disposición de la Autoridad Judicial.