En el estudio, al que ha tenido acceso EFE, ha sido redactado por el vocal del Consejo, José Luis Requena. El texto será debatido el próximo martes en la Comisión de Estudios del CGPJ.

 

El informe subraya que "la heterosexualidad

El matrimonio o es heterosexual o no es."
es un elemento constitutivo esencial del propio concepto de matrimonio: el matrimonio o es heterosexual o no es", subraya el informe.

 

Para posibilitar la reforma "no queda más remedio que eliminar de la institución matrimonial un signo identificador hasta ahora indubitado”, es decir, “que el matrimonio es una unión heterosexual". 

Para Requena, es como considerar matrimonio la unión entre un hombre y un animal.

Requena afirma también en el informe que llamar matrimonio a la unión de homosexuales es un "cambio radical", como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal. En sus páginas se señala que que la satisfacción jurídica de una "parte mínima de la población no puede hacerse a costa de adulterar el contenido esencial de una institución ni a trastocar los fundamentos del Derecho de Familia".

 

 

La adopción por parte de parejas homosexuales “implica postergar el interés superior del menor”

 

En cuanto a la adopción señala que "implica postergar el interés superior del menor, declarado como tal prioritario por los tratados suscritos por España en materia de derechos fundamentales y supedita ese interés a la necesidad de una minoría de que sus tendencias homosexuales sean homologadas".

 

En el texto se sugiere que, aunque se regulara el matrimonio entre personas del mismo sexo, "esa norma debería excluirse expresamente la regulación de la adopción por esas parejas hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional".

 

El Consejo General del Poder Judicial se alinea  así con la opinión de la Conferencia Episcopal Española que en su día se pronunció a favor de lo que ellos consideran como “verdadero matrimonio”.

 

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 30 de diciembre de 2004, que equipara sus derechos con los de los heterosexuales y con el que, según el Gobierno, la institución matrimonial "no está amenazada" y sale reforzada.